Mónica García comunica que a principios de 2026 se implementará una norma para restringir la colaboración público-privada en el ámbito sanitario
- Cambios en la ley de colaboración público-privada
- Críticas al modelo actual y acusaciones
- Situación de las listas de espera en Madrid
Cambios en la ley de colaboración público-privada
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Ejecutivo derogará la ley 15/97, que regula la colaboración entre el sector público y privado en la sanidad pública.
Se espera que a principios de 2026 se apruebe una nueva legislación que limite el ánimo de lucro y proteja el sistema sanitario español frente a la influencia de fondos de inversión y prácticas depredadoras.
Según explicó García en una entrevista el pasado domingo a 'El País', esta normativa será una regulación más amplia orientada a la integridad del Sistema Nacional de Salud. "No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", afirmó la ministra.
Además, la nueva norma descartará modelos como el de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz, que permiten seleccionar pacientes menos costosos para aumentar la rentabilidad. La ministra expresó la confianza en que la ley se apruebe en breve, adelantando que se presentará al Consejo de Ministros a principios del próximo año.
Críticas al modelo actual y acusaciones
Mónica García calificó la colaboración público-privada actual como una forma de "parasitismo" que ha pervertido el sistema. Indicó que el Ministerio y el grupo político Más Madrid llevarán el caso a la Fiscalía por posibles delitos de lesiones contra pacientes, tras la publicación de una información en 'El País' en la que se revelan órdenes del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, de rechazar pacientes o procesos no rentables.
La ministra también instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a investigar estos hechos. "No, mire, señora, no somos tontos. Esto es una investigación profunda que tendría que hacerla si no fuera parte interesada", comentó García, vislumbrando que no se trata de un conflicto empresarial sencillo.
Situación de las listas de espera en Madrid
En relación con las listas de espera, la ministra detalló que la Comunidad de Madrid presenta resultados positivos en las listas quirúrgicas, pero no en consultas ni diagnósticos, ni en el tiempo ni en el número de pacientes en espera, ya que estas últimas listas "no se pueden maquillar".
Reconoció la existencia de una manipulación estadística de estos datos, especialmente en diciembre y junio, cuando se hacen públicas.
Según García, desde que Ayuso gobierna la Comunidad, las listas de espera en la sanidad pública se han duplicado, afectando a más de un millón de personas que esperan pruebas en plazos "absolutamente inadmisibles".
Además, se ha incrementado el número de pacientes que aguardan más de seis meses, a quienes se les ofrece, bajo la supuesta libre elección, acudir a hospitales privados como Quirón o Torrejón.
La ministra denunció que situaciones como las observadas en Torrejón han sucedido durante años en Quirón, a través de un complejo sistema que deriva a pacientes del sistema público a centros privados con financiación pública.
Este mecanismo se sustenta en la libre elección, las listas de espera y la supuesta complicidad de la Consejería de Sanidad.