La ONU insta a los Estados a implementar reservas de escaños para personas con discapacidad y a establecer estándares de accesibilidad
La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado a los gobiernos que implementen acciones para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la esfera política en condiciones de igualdad. Entre las propuestas figuran la reserva de puestos en los órganos legislativos, la adopción de requisitos de accesibilidad obligatorios, la lucha contra el estigma y el capacitismo, así como la promoción del acceso a la formación política y a programas de liderazgo.
El informe titulado 'Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública', examinado por Europa Press, contiene declaraciones de Heba Hagrass, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Según Hagrass, "existen importantes barreras" que coartan las oportunidades de las personas con discapacidad para presentarse a elecciones y desempeñar eficazmente un cargo público en caso de ser elegidas, lo que socava su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y pública.
- Barreras en la participación política
- Recomendaciones y medidas para la inclusión
- Respaldo del CERMI y llamamiento en España
Barreras en la participación política
El informe destaca que, pese a la sólida protección legal que brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la representación de estas personas en los órganos de decisión política es escasa a nivel global. La Relatora Especial identifica una serie de obstáculos perdurables como las normas jurídicas restrictivas relativas a la capacidad legal, el estigma social, el capacitismo, espacios políticos inaccesibles, ausencia de ajustes razonables, carencias económicas y un acceso limitado a la formación política y al desarrollo de liderazgo.
Hagrass resalta que estos impedimentos dificultan que las personas con discapacidad se postulen o ejerzan funciones públicas si resultan elegidas, restringiendo así su acceso igualitario a la vida pública. Además, enfatiza la necesidad de eliminar estos impedimentos para garantizar la plena participación.
Recomendaciones y medidas para la inclusión
El documento sugiere la derogación de leyes que limiten los derechos de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de políticas afirmativas para aumentar su representación. Entre las propuestas se contempla la instauración de estándares obligatorios de accesibilidad, la provisión de fondos estatales para cubrir los costos asociados a la discapacidad, la optimización en la recolección de datos y el refuerzo continuo de la capacitación en liderazgo y empoderamiento.
Dentro de estas políticas, la Relatora señala la oportunidad de reservar escaños en los parlamentos y establecer cuotas en las listas electorales para personas con discapacidad, siempre en consulta con los propios colectivos y mediante un análisis profundo de las consecuencias. También subraya la importancia de que las cuotas de género consideren expresamente a las mujeres con discapacidad y que las plazas reservadas engloben diferentes tipos de discapacidad.
Respaldo del CERMI y llamamiento en España
Según advierte el informe, acciones concretas como la reserva de asientos o la supresión de tasas de candidatura para personas con discapacidad, si se adoptan de forma aislada, tendrán un alcance limitado si no se integran en reformas más estructurales y amplias. De igual manera, recomienda impulsar campañas para desafiar supuestos sobre la capacidad de liderazgo y toma de decisiones, especialmente respecto a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y solicita sanciones para los discursos que inciten al odio o la discriminación.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha respaldado positivamente este informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aportando comentarios desde España y formando parte de las 79 contribuciones recibidas de estados y organizaciones civiles. El CERMI destaca que el documento supone "una toma de posición de valor en el vigésimo aniversario de la Convención y refuerza el principio de democracia inclusiva en la que las personas con discapacidad no solo voten, sino que formen parte plena de los órganos legislativos, ejecutivos y de representación política en todos los niveles".
De igual forma, la entidad solicita a los responsables políticos y a las fuerzas parlamentarias españolas que evalúen las conclusiones del informe y adopten medidas directas para garantizar el ejercicio de derechos políticos en igualdad para personas con discapacidad, suprimiendo cualquier obstáculo normativo, económico o de actitud que limite la participación y la representatividad.