Podemos pide a Interior protección para Irene Montero después de denunciar amenazas de muerte
Amenazas de muerte a eurodiputada Irene Montero han provocado que su formación política, Podemos, solicite al Ministerio del Interior medidas de protección para garantizar su seguridad. La situación ha sido expuesta por el coportavoz Pablo Fernández, quien ha subrayado la gravedad de los hechos y la necesidad de actuar con celeridad para preservar la integridad de la exministra de Igualdad.
Durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, Fernández manifestó su confianza en que "el Ministerio del Interior ofrezca la protección necesaria" a Irene Montero. Las amenazas de muerte habrían sido vertidas por un grupo de ultraderecha y, según indicó, "la policía les ha dado verosimilitud", reconociendo así su carácter creíble.
Advirtió además de que no es la primera vez que Montero, actual eurodiputada y secretaria política de la formación, recibe intimidaciones de esta naturaleza. El portavoz insistió en que espera que "se tomen las medidas necesarias, oportunas y pertinentes para proteger la seguridad y la integridad de Irene".
Fernández alertó además que estas situaciones se enmarcan dentro de un fenómeno más amplio de violencia contra mujeres en la vida pública. Explicó que se trata de "otro caso de cómo se está ejerciendo violencia terrible sobre mujeres que están en la vida pública", exponiendo que también periodistas como "Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla" han sido objeto de ataques similares.
Desde la dirección de Podemos han mostrado su preocupación ante el incremento de amenazas a figuras políticas y comunicadoras, destacando la importancia de que las autoridades competentes respondan con firmeza ante este tipo de hechos. La formación considera que la seguridad de quienes ejercen funciones públicas o tienen visibilidad en los medios es fundamental para preservar el normal desarrollo democrático.
La respuesta de las autoridades y el contexto de la violencia política
El Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de valorar el nivel de riesgo y proporcionar la protección necesaria a personas amenazadas. El caso de Irene Montero, al igual que el de otras mujeres destacadas en la esfera pública, pone en evidencia el impacto de la violencia política de género y los retos que enfrenta el sistema de protección institucional.
Las declaraciones de Pablo Fernández se producen tras una serie de incidentes que ponen el foco en la escalada de amenazas y discursos de odio dirigidos hacia mujeres que ocupan cargos de relevancia. Este contexto refuerza el llamamiento a la intervención policial y política para evitar que estos actos se repitan y queden impunes.
En los últimos años, España ha registrado múltiples casos en los que políticas y periodistas han denunciado acoso y amenazas de muerte relacionadas con su actividad profesional o política. Las formaciones políticas y colectivos sociales insisten en la necesidad de garantizar espacios seguros y libres de violencia para el ejercicio de la representación democrática y la información pública.