Renuncia el DAO de la Policía a raíz de una querella por presunta agresión sexual
En las últimas horas, una decisión judicial en la capital española ha desencadenado una relevante reestructuración en la cúpula de la Policía Nacional. El comisario principal José Ángel González, quien ejercía como director adjunto operativo (DAO), ha formalizado su dimisión tras ser citado como investigado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. El procedimiento responde a la admisión de una querella por un presunto delito de agresión sexual hacia una subordinada dentro de la propia institución.
El Ministerio del Interior ha confirmado oficialmente que González ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando, proceso que será completado en breve. Esta decisión, que se produce en un momento de máxima atención mediática y judicial sobre el caso, abre paso a un relevo en la máxima jefatura operativa del cuerpo policial.
Trayectoria de José Ángel González y cambios en la Policía Nacional
Desde su incorporación a la Policía Nacional en 1984, José Ángel González Jiménez alcanzó la máxima responsabilidad operativa en 2018, coincidiendo con el periodo en el que Fernando Grande-Marlaska fue designado ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras asumió la dirección general del cuerpo. Su permanencia al frente de la DAO fue objeto de debate cuando, en noviembre de 2024, el Ministerio decidió suspender el proceso de jubilación tras el cumplimiento de 65 años, permitiéndole continuar mediante una enmienda legal. Esta medida generó polémica en algunos partidos de la oposición y entre integrantes de la fuerza policial.
Tras la salida de González, la subdirección general de Recursos Humanos recae en Gemma Barroso, quien toma ahora el mando supremo de la Dirección Adjunta Operativa. Según la Orden 859/2023 del 21 de julio, en caso de vacante, la suplencia corresponde de manera sucesiva a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, la Subdirección General de Logística e Innovación y el Gabinete Técnico.
Gemma Barroso Villarreal ocupa la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación desde octubre de 2024. Su experiencia profesional se centra en áreas especializadas, tales como Policía Científica e Información, sumando una extensa trayectoria operativa previa a su llegada al cargo actual.
Investigación por delitos y descripción de la querella
La dimisión se produce inmediatamente después de que el juzgado madrileño señalara a González como querellado, además de citar a la persona denunciante, también miembro de la Policía, para el día 17 de marzo a las 10.30 horas, tal como refleja el auto judicial consultado por Europa Press. El juez ha determinado que, según los elementos recogidos en la querella, "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".
La denuncia, según declara el representante legal de la víctima, propone la existencia de posibles delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos, agravados por el abuso de poder. Además, se menciona que la querellante, también agente de la Policía Nacional, sostuvo en el pasado una "relación de afectividad" con el DAO, una situación signada desde el inicio por un "desbalance de poder institucional manifiesto" dadas las posiciones jerárquicas respectivas.
"Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", señala.
Circunstancias del día de los hechos
El documento judicial describe cómo la relación finalizó, por decisión exclusiva de la demandante, situación que González no habría aceptado y que dio inicio "a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos" ahora bajo investigación.
El episodio principal señalado por la querella se remonta al 23 de abril de 2025, cuando la demandante realizaba funciones ordinarias en la comisaría de Coslada. A partir del mediodía, González habría efectuado "múltiples llamadas telefónicas" solicitando su presencia "de forma inmediata y perentoria", pese a las negativas argumentadas por motivos laborales. El escrito añade que González "haciendo uso explícito de su autoridad institucional", ordenó que la subordinada abandonara el puesto en un vehículo policial camuflado para una reunión urgente. A continuación, la víctima se trasladó a un restaurante donde González comía junto a otro comisario. Tras compartir un tiempo allí, ambos se desplazaron a una propiedad inmobiliaria donde, pese a la incomodidad manifestada por la víctima, González le propuso subir a la vivienda.
Estando en el interior, el querellado habría servido dos cervezas, iniciando de manera casi inmediata una aproximación física sexual hacia la mujer. "Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento", añade la querella.
Presiones y ofertas tras el incidente
A pesar de la reiterada oposición a las acciones de González, el DAO habría adoptado una actitud agresiva de índole sexual, combinando "violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional".
El relato incluye que la víctima logró zafarse del querellado y abandonar la vivienda, reincorporándose a la comisaría en el mismo vehículo policial camuflado antes de regresar finalmente a su residencia. Posteriormente, el escrito denuncia que González habría iniciado una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos" y "ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio".