La riqueza media de los hogares sube un 80,9% en 20 años, pero de manera muy desigual

Impulsada por la revalorización de los activos inmobiliarios y, más recientemente, por el crecimiento de los activos financieros
Una calculadora y una escritura de compraventa. | Europa Press.
Una calculadora y una escritura de compraventa. | Europa Press.

Entre 2002 y 2022, la riqueza media de los hogares españoles experimentó un incremento real del 80,9%, impulsado principalmente por la valorización de los activos inmobiliarios y, más recientemente, por el auge de los activos financieros. Así lo confirma un análisis de Fedea, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco García-Rodríguez, de la Universidad de Alcalá, que se basa en los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

No obstante, este crecimiento ha sido irregular, evidenciando una concentración cada vez mayor en los segmentos más acaudalados de la población. Aunque el patrimonio total se ha casi duplicado desde 2002, la distribución del mismo destaca por una fuerte desigualdad: el 1% más rico acumula ahora más del 21% del total del patrimonio, cifra que en 2002 era de apenas el 13%. Asimismo, el índice de Gini, que mide la desigualdad, ha aumentado de 0,57 a 0,69 en estas dos décadas, reflejando una desigualdad patrimonial creciente y estructural.

Diferencias generacionales en la acumulación de patrimonio

El informe de Fedea pone en evidencia una marcada fractura generacional en la acumulación de riqueza. Las generaciones nacidas entre 1956 y 1975 —correspondientes al final del 'baby boom' y la primera 'Generación X'— han consolidado altos niveles patrimoniales gracias a un contexto laboral estable, acceso facilitado al crédito y una significativa apreciación del mercado inmobiliario.

En contraste, los millennials, que incluyen a quienes nacieron a partir de 1986, acumulan menos patrimonio que las generaciones anteriores cuando tenían la misma edad. Estos jóvenes afrontan mayores dificultades para acceder a la vivienda y registran una tasa de propiedad inferior al 40%. También se observa que la diferencia de riqueza media entre menores de 35 años y mayores de 75 se ha ampliado desde 50 000 euros en 2002 hasta superar los 360 000 euros en 2022.

Composición patrimonial y su impacto en la desigualdad

El análisis de la estructura patrimonial revela que los activos inmobiliarios continúan dominando el patrimonio de los hogares, representando aproximadamente el 80% del total. Sin embargo, entre los hogares con mayores recursos se observa una creciente diversificación hacia activos financieros. Los hogares más ricos tienden a tener carteras más variadas, una mayor proporción de activos financieros y niveles muy bajos de endeudamiento.

Por otro lado, los hogares con menos riqueza concentran sus recursos en la vivienda habitual y presentan ratios de endeudamiento significativamente más elevados, sobre todo en forma de hipotecas. Después de la crisis financiera, el endeudamiento se ha reducido, especialmente en lo relativo a la vivienda principal, reflejando una actitud de mayor prudencia financiera.

Retos para la política pública frente a la desigualdad patrimonial

Conde-Ruiz y García-Rodríguez advierten sobre las posibles consecuencias a largo plazo derivadas de estas tendencias, especialmente en lo que respecta a la equidad entre generaciones y la movilidad social. La limitación de acceso de los jóvenes a la vivienda y al ahorro financiero podría perpetuar una "brecha patrimonial hereditaria que perpetúe desigualdades económicas y sociales a largo plazo".

Desde Fedea se señala la consolidación de un modelo dual y excluyente en la distribución patrimonial, donde los hogares con activos consolidados —particularmente inmobiliarios— y acceso precoz a la propiedad aumentan su ventaja con el paso del tiempo, mientras que un sector creciente de la población queda marginado de los principales mecanismos de acumulación de riqueza.

Ante esta realidad, se destaca la necesidad de que las políticas públicas prioricen la redistribución intergeneracional del patrimonio, faciliten el acceso asequible a la vivienda y fomenten el ahorro en los hogares jóvenes para lograr un reparto económico más equilibrado y justo.