Los sueldos públicos crecerán hasta un 2% en 2026
La subida de la parte fija del 1,5% tendrá efectos desde el 1 de enero
Los sueldos de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se actualizarán en 2026 con un incremento fijo del 1,5%. La medida tendrá efecto desde el 1 de enero de 2026 y contempla un posible ajuste adicional ligado a la inflación.
El esquema pactado prevé que la subida de 2026 pueda ampliarse en otro 0,5% si la inflación al cierre del año iguala o supera el aumento fijo del 1,5%. Ese complemento, si se activa, se abonaría más adelante y con carácter retroactivo.
Estas revalorizaciones se enmarcan en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF, al que CCOO se incorporó con posterioridad. El texto forma parte del 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', que fija un incremento del 11% para el periodo 2025-2028.
Subida retributiva 2025-2028 y clave de 2026
Para 2025 se establece en el sector público una subida consolidable del 2,5% respecto al año anterior. A continuación, para 2026, se fija un incremento del 1,5% sobre los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025.
En el calendario del acuerdo, el aumento de 2026 es el único diseñado con una parte fija y otra variable. El resto de ejercicios cuentan únicamente con porcentajes fijos: para 2027 se prevé una subida del 4,5% y para 2028 del 2%.
Aunque la mejora pactada para el conjunto de 2025-2028 es del 11%, los sindicatos calculan que el incremento acumulado puede ser mayor por el efecto arrastre. Según esas estimaciones, el aumento total podría alcanzar el 11,5% en los cuatro años.
Condición de inflación y pago del 0,5%
El acuerdo incorpora un posible tramo adicional para 2026. Ese extra sería de medio punto (0,5%) si la inflación al final del año igualase o superase la subida fija del 1,5%.
Si se cumple esa condición, el abono del 0,5% no se realizaría en 2026. Se pagaría en el primer trimestre de 2027 y con efectos retroactivos, según lo previsto en el texto.
Decreto ley y votación en el Congreso
La subida correspondiente a 2026 queda asegurada tras la convalidación parlamentaria del decreto ley. En diciembre, el Pleno del Congreso validó la norma con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos.
El decreto ley se limita a los aspectos considerados imprescindibles para dar cobertura a las subidas con efectos desde el 1 de enero de 2025 y desde el 1 de enero de 2026. Incluye, además, las disposiciones necesarias para que el incremento de 2025 pueda hacerse efectivo durante ese año y para aprobar el de 2026.
Aplicación a todas las Administraciones y atrasos
Las reglas sobre el incremento retributivo se aplican a todas las Administraciones públicas. Esto abarca el sector público estatal, así como el autonómico y el local, conforme a lo indicado en el Real Decreto-ley.
En el sector público estatal, el aumento correspondiente a 2025 se hará efectivo en este mes de diciembre. También se abonarán como atrasos las cantidades que correspondan desde enero de ese año.
Por su parte, las Administraciones públicas fijarán el calendario de pago de importes y atrasos del ejercicio 2025 dentro del marco de la negociación sindical de cada ámbito. Ese abono podrá repartirse durante 2026, 2027 y 2028 o materializarse en diciembre de 2025.
35 horas, teletrabajo y medidas pendientes
En paralelo, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a iniciar en enero la negociación para implantar una jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo señalado por UGT es que entre en vigor entre febrero y marzo.
Además, el Gobierno ha asumido el compromiso de regular el teletrabajo. Para ello, se ha acordado abordar este asunto en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Ambos temas se incluyen entre las medidas pendientes del 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI', firmado en octubre de 2022. También se ha constituido la comisión encargada de vigilar el cumplimiento de los puntos del último 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía' con UGT, CSIF y CCOO.
Mejoras laborales, procesos y complementos
El acuerdo incorpora otras medidas sobre condiciones de trabajo. Entre ellas figura la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público.
También se pactó adaptar la clasificación de puestos de trabajo a las funciones reales. En ese ajuste se tendrá en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes, además de impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos.
El texto prevé potenciar los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente. Asimismo, incluye la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, con el objetivo de eliminar desigualdades entre empleados públicos.
Entre las medidas adicionales se recogen la actualización de permisos y mejoras en conciliación, el refuerzo de la protección de la salud laboral con apoyo psicológico y medidas frente a agresiones, y actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior. También se contemplan mejoras en jubilación y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).