El Supremo nombra a la sala que juzgará a García Ortiz, con mayoría conservadora
El Tribunal Supremo ha informado este jueves sobre la composición del jurado que se encargará de juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de supuestos delitos de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tribunal estará formado por siete magistrados, predominando una mayoría conservadora, aunque la magistrada progresista Susana Polo actuará como ponente.
Según una providencia obtenida por Europa Press, se detalla que, de acuerdo con las normas de asignación de la Sala de lo Penal, el jurado incluirá a los magistrados que integraron la Sala de Admisión que decidió investigar el caso: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Susana Polo, además de otros dos magistrados, Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, y Ana Ferrer.
Es relevante mencionar que Martínez Arrieta y Ferrer recientemente compitieron por la Presidencia de la Sala de lo Penal, anteriormente ocupada por Marchena. La candidatura de Martínez Arrieta, respaldada por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue la que prevaleció, mientras que Ferrer contaba con el apoyo de los vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces.
- Composición del tribunal
- Programación del juicio
- Complejidad del proceso
- Elección de Susana Polo como ponente
- Testigos requeridos
- Hechos determinados
- Defensa del fiscal general
Composición del tribunal
La estructura de este jurado muestra una mayoría con orientación conservadora, aunque la responsabilidad de proponer la sentencia recae en Susana Polo, miembro de la agrupación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Esta asignación se debe a que, conforme a la normativa interna, corresponde a la ponente quien haya sido encargada del auto de admisión que abrió la causa contra el fiscal general.
De acuerdo con fuentes jurídicas, ya se ha determinado que el juicio se llevará a cabo en noviembre y se estima que tendrá una duración aproximada de una semana. No obstante, la extensión del proceso dependerá de la admisión de pruebas, ya que ambas partes han solicitado la declaración de múltiples testigos.
Programación del juicio
Las previsiones indican que el juicio podría prolongarse si se admiten más evidencias, dado que las partes han solicitado la comparecencia de numerosos testigos. Según estas fuentes, es posible que se dicte sentencia a finales de año, siempre que el calendario judicial lo permita.
El escrutinio anticipa un proceso complejo, no solo por la naturaleza inédita del caso—nunca antes un fiscal general ha enfrentado juicio en el Tribunal Supremo—sino también por las dificultades asociadas a probar el delito de revelación de secretos presuntamente cometido por García Ortiz.
Complejidad del proceso
El juicio presenta múltiples retos, tanto por la relevancia del acusado—siempre que se confirmen los hechos—como por la intrincada naturaleza del delito que se investiga. Además, el pedagógico magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha señalado que podría ampliarse el catálogo de delitos a considerar, incluyendo prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Estos cargos adicionales podrían incrementar la pena potencial en el caso de una condena, con sanciones que podrían alcanzar hasta seis años de prisión y doce años de inhabilitación.
Elección de Susana Polo como ponente
Susana Polo, en calidad de ponente, será la encargada de elaborar la propuesta de sentencia. Esto se debe a su rol en el auto de la Sala de Admisión que dio inicio a la causa contra García Ortiz. Su participación asegura que la discusión y eventual fallo se desarrollen bajo una perspectiva progresista dentro del tribunal mayoritariamente conservador.
Esta elección refuerza la percepción de equilibrio en la composición del tribunal, teniendo en cuenta las inclinaciones políticas de los magistrados involucrados.
Testigos requeridos
Las partes han solicitado la presencia de numerosos testigos, entre ellos Alberto González Amador, Carlos Neira (abogado del fiscal en el caso de delitos fiscales), Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Díaz Ayuso), cuatro fiscales—Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Diego Villafañe y Julián Salto—y varios periodistas.
Además, la acusación particular requiere la declaración de Pilar Sánchez Acera (ex asesora de Moncloa), Juan Lobato (ex líder de los socialistas madrileños) y Francesc Vallés (ex secretario de Estado de Comunicación), mientras que la acusación popular formulada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita el testimonio de Santos Cerdán (ex secretario de Organización del PSOE).
Hechos determinados
El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha establecido que la causa se centra en la supuesta filtración por parte de García Ortiz a la Cadena SER de un correo electrónico enviado por Carlos Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el contexto de un intento de pacto en el caso de delitos fiscales donde González Amador ya enfrenta juicio.
Según Hurtado, antes de que el correo tuviera difusión en otros medios, una copia fue enviada a Pilar Sánchez Acera, quien instruyó a Juan Lobato para que lo presentara durante una intervención en la Cámara de Diputados contra Díaz Ayuso. El magistrado subraya que el contenido del email contenía información sensible y privada, destinada para un proceso penal posterior, y que su divulgación sin autorización perjudica la reputación de la institución y compromete principios fundamentales como la legalidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal.
Defensa del fiscal general
La defensa de Álvaro García Ortiz sostiene su inocencia, presentando un relato cronológico que abarca desde el inicio de la investigación a González Amador el 23 de enero de 2024, hasta la difusión de una nota de prensa el 14 de marzo del mismo año, donde se compartieron intercambios de emails entre Neira y Salto. Argumentan que no existe una conexión lógica entre la publicación del email en la SER y las acciones de García Ortiz.
Asimismo, la defensa afirma que García Ortiz actuó dentro del marco de sus competencias para proteger la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal frente a una campaña de desinformación. Además, señalan que la información relevante ya había sido divulgada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid y que aproximadamente 600 personas tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración, negando cualquier perjuicio a González Amador y señalando que las negociaciones de conformidad aún están abiertas.