El Supremo ve indicios para juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por el caso mascarillas
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha planteado llevar a juicio al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. Según el juez instructor, estos hechos podrían encajar en delitos como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
El auto emitido recientemente expone que los tres investigados "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".
Desarrollo de la investigación y siguiente paso
El magistrado ha concedido un plazo de diez días tanto a la Fiscalía como a las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, para que formulen sus peticiones de sobreseimiento o presenten escritos de acusación, además de solicitar diligencias complementarias si lo consideraran necesario.
Esta medida llega después de que, en septiembre pasado, Puente decidiera fragmentar la causa en dos piezas: una principal que abarca la investigación sobre los contratos de mascarillas y otra separada dedicada a la presunta red de comisiones relacionadas con obras públicas. En ese momento, advirtió que la parte vinculada a obras públicas se encontraba en una etapa temprana, mientras que la investigación de los contratos para mascarillas estaba avanzada y pronto podría concluirse la instrucción de esta pieza principal.
Detalles del presunto proyecto delictivo
El instructor señala que "existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos".
Además, sostiene que "Ábalos y Koldo recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales". Según la investigación, De Aldama habría tenido la función de identificar empresas o particulares dispuestos a realizar pagos para lograr contratos con la Administración, consiguiendo un beneficio económico personal. Por otro lado, Koldo García, aprovechando su posición de asesor y la confianza del ministro, gestionaba las tramitaciones necesarias, reservando la intervención directa de Ábalos para aquellos actos que requerían su firma o influencia.