Cuatro acusados del crimen de Los Yesos serán juzgados por jurado popular en noviembre
El crimen de Los Yesos
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene programado para noviembre el juicio con jurado popular sobre el asesinato ocurrido en Los Yesos, un pueblo de Sorvilán en la comarca de la Costa Tropical. En abril de 2022, el propietario de un cortijo fue degollado tras ser sometido a torturas junto con su pareja, quien también resultó víctima de agresión sexual. Cuatro jóvenes están imputados por estos hechos, y para dos de ellos la Fiscalía solicita prisión permanente revisable.
Según el escrito provisional de conclusiones fiscales, consultado por Europa Press, los imputados tienen entre 22 y 32 años, dos de ellos de nacionalidad marroquí y en situación administrativa irregular al momento de los sucesos. El 20 de abril de 2022 están acusados de delitos de asesinato, detención ilegal y robo con violencia en vivienda habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas y delitos contra la seguridad vial, todos con la agravante de disfraz.
El juicio se celebrará entre los días 10 y 14 de noviembre. La tarde del 20 de abril, los cuatro jóvenes presuntamente decidieron en consenso acudir al cortijo con la intención de sustraer todo lo de valor tras haber planeado el acto días antes.
Para preparar el asalto, se reunieron en el domicilio de dos de ellos y alrededor de las 18:30 partieron en un vehículo. Iban vestidos con ropa oscura para no ser detectados y equipados con pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola artesanal.
Media hora después, supuestamente forzaron una ventana lateral para entrar al cortijo. El propietario llegó alrededor de las 20:00 horas y fue sometido con violencia para que entrara en la vivienda, momento en que lo ataron con cinta adhesiva en manos y pies, lo sentaron en una silla y le cubrieron la cabeza con una prenda para comenzar a torturarlo mientras le exigían dinero.
Poco tiempo después llegó su compañera sentimental, a quien trataron de modo parecido, sin llegar a agredirla físicamente, hasta que la condujeron a una cama donde dos de los acusados la agredieron sexualmente ante la mirada complaciente de los otros dos que vigilaban la puerta.
Al persistir el hombre en negar la existencia de dinero, los agresores, frustrados, decidieron cumplir sus amenazas y acabar con su vida. Lo levantaron de la silla y lo llevaron al cuarto de baño, donde, sin desatarlo, lo tumbaron boca arriba en la bañera y lo degollaron tras continuar con las torturas, incluso vertiendo lejía sobre su rostro.
Los dos acusados en situación irregular cometieron el asesinato materialmente, mientras que los otros dos permanecieron pasivos y vigilantes en la puerta, a pesar de escuchar los gritos y súplicas del hombre que estaba siendo asesinado.
Después, los cuatro envolvieron el cadáver en un edredón y lo trasladaron a la parte trasera de la furgoneta del fallecido. Actuaron del mismo modo con la mujer, limpiaron la escena y condujeron el vehículo hasta un barranco donde arrojaron los cuerpos por una pendiente, abandonándolos.
La acusación y petición de penas
El Ministerio Fiscal solicita prisión permanente revisable para los dos principales sospechosos del asesinato de la mujer, que tenía 29 años, cometido tras la agresión sexual. Además, se considera la agravante de haberse ejecutado el crimen para impedir el descubrimiento de otro ilícito previo, que sería la muerte violenta del hombre, así como la mayoría de los otros delitos que se investigan. Se habría actuado para eliminar testigos y evitar ser detectados.
Para el caso del hombre no se aprecia la agravante de ensañamiento, aunque sí la de alevosía, la cual también se aplica al asesinato de la mujer. Por este homicidio, la Fiscalía pide 25 años de prisión para los dos implicados en situación irregular.
Para los otros dos acusados, españoles de 32 y 22 años, se demanda una condena de 12 años por el asesinato del hombre y de 22 por el de la mujer.
Las peticiones de prisión para estos acusados aumentan con 16 años correspondientes a la detención ilegal en concurso con robo con violencia en vivienda. Los procesados extranjeros también enfrentan una pena de 14 años por la agresión sexual.
Esta última se reduce a seis años y medio para los dos nacionales, considerados cómplices. Todos deben responder además por tres años de prisión por lesiones y dos años y medio por tenencia ilícita de armas. A uno de los marroquíes se le reclaman también 6.480 euros de multa por un delito contra la seguridad vial.
En conjunto, la Fiscalía solicita para los dos acusados en situación irregular prisión permanente revisable y más de 60 años adicionales, mientras que para los dos españoles la suma alcanza un total de 62 años.