El Gobierno defiende que el contrato de pulseras antimaltrato es “el más avanzado”
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que el sistema de seguimiento por medios telemáticos dirigido a supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género, recientemente licitado por el Ministerio de Igualdad, representa un avance tecnológico sin precedentes en España.
Según Fernández, la licitación, calificada por él como “el más avanzado desde el punto de vista tecnológico”, responde a la necesidad de reforzar la protección integral de las víctimas ante las observaciones manifestadas por asociaciones como La Volaera, que apuntaron a supuestas “graves carencias” en la contratación pública para el manejo de las conocidas como pulseras antimaltrato.
El anuncio tuvo lugar en Cenes de la Vega (Granada), donde Pedro Fernández fue cuestionado sobre la idoneidad y eficacia del nuevo contrato tras las críticas elevadas por parte de colectivos feministas. En este contexto, defendió el salto cualitativo que la nueva licitación supone gracias a la integración de los últimos avances tecnológicos y a la ampliación de recursos como el stock de dispositivos, permitiendo así el “suministro inmediato” cuando sea necesario.
Para el delegado, la renovación de este sistema logra optimizar el control telemático respecto a versiones previas, abordando y corrigiendo aquellas debilidades que se habían identificado durante el funcionamiento anterior. Según sus declaraciones, este perfeccionamiento contribuirá decisivamente a incrementar la seguridad y el seguimiento efectivo a las personas protegidas.
Fernández subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, apuntando a la existencia de un compromiso por ofrecer una respuesta técnica, inmediata y eficaz en la protección de las víctimas.
El delegado también puso en valor el papel desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cuentan con formación específica y unidades especializadas tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Todo ello enmarcado en el programa Viogen, un sistema integral de seguimiento y protección frente a la violencia de género.
Mejoras tecnológicas y logísticas en el sistema de seguimiento telemático
El sistema renovado incorpora mejoras técnicas fundamentadas en los últimos avances del sector, permitiendo un control más exhaustivo y eficaz sobre los agresores sujetos a medidas judiciales. Esto se traduce, según Fernández, en una capacidad superior para anticipar y responder a posibles situaciones de riesgo, uno de los principales objetivos de la actuación institucional en materia de violencia de género.
Asimismo, la ampliación del stock de pulseras antimaltrato responde a la necesidad de realizar una entrega inmediata a las víctimas y a los cuerpos policiales encargados del seguimiento. Con ello, se busca minimizar posibles demoras y garantizar la aplicación efectiva e inmediata de las órdenes de protección.
El papel de la formación y la coordinación interinstitucional
Pedro Fernández recalcó que la formación específica de los agentes es clave en este proceso, ya que les permite afrontar los desafíos derivados de la aplicación y el seguimiento de las nuevas herramientas tecnológicas. Las unidades especializadas en la materia, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, han sido reforzadas para asegurar que la protección a las víctimas sea prioritaria en cada intervención.
El desarrollo y mejora del programa Viogen constituye otro pilar relevante en la estrategia estatal contra la violencia de género, favoreciendo la coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello con el objetivo de ofrecer una protección integral y ajustada a las nuevas exigencias legislativas y sociales.
En definitiva, la nueva licitación y los cambios presentados buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a la violencia de género mediante la apuesta por la innovación tecnológica, la expansión de recursos y la especialización profesional, atendiendo así a las demandas y necesidades que surgen en el ámbito de la protección de las personas víctimas.
