La implementación de la ZBE no altera el tráfico
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, representante del Partido Popular, ha informado que las primeras horas desde la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con régimen sancionador en la ciudad se han desarrollado con “normalidad”, tanto en los accesos como en la movilidad dentro de la trama urbana, que en su mayoría está afectada por esta medida.
Este proyecto dispone que las acciones sancionadoras se irán aplicando de manera escalonada durante los últimos meses del año para facilitar la adaptación ciudadana y el cumplimiento de la normativa.
Progresividad en la aplicación de sanciones
Durante octubre, las multas se impondrán a los vehículos sin etiqueta medioambiental que no estén registrados en Granada y que accedan a la ZBE, limitándose a una sanción mensual por vehículo. En noviembre, esta periodicidad cambia a una sanción semanal por infracción, mientras que en diciembre se endurecerá el régimen sancionador, estableciéndose multas por cada infracción cometida.
Este plan busca introducir paulatinamente el régimen de sanciones y fomentar la aceptación y adaptación a la nueva normativa.
Funcionamiento del control y la información en los accesos
Fuentes vinculadas al operativo han señalado a Europa Press que la labor policial en los accesos a Granada se ha centrado en informar a quienes lo solicitan. No se ha registrado un incremento en estas consultas respecto a días anteriores. Además, el tráfico ha mantenido su fluidez sin presentar retenciones en las entradas a la ciudad.
El control de matrículas se lleva a cabo mediante videocámaras instaladas por el área de Movilidad, facilitando la identificación y posterior gestión de sanciones según se detecten infracciones.
Comentarios de las autoridades locales sobre la ZBE
Preguntada sobre la puesta en marcha el 1 de octubre de la ZBE, la alcaldesa aseguró que “la mañana ha discurrido sin que se haya advertido ninguna incidencia”, señalando la supervisión del centro de control en Huerta del Rasillo, donde se encuentran la Policía Local, así como representantes del equipo de gobierno local, entre ellos el portavoz Jorge Saavedra y la concejala de Movilidad, Ana Agudo.
Carazo recordó que desde hace un año la ZBE estaba en fase informativa y que se anunció que “a partir del 1 de octubre se ponía en servicio” la norma con carácter sancionador, aunque aclaró que esta no es la razón principal del proyecto. Subrayó que no existe una intención “sancionadora ni recaudatoria” por parte del Ayuntamiento, sino que la medida responde a una obligación europea que busca asegurar la eficacia y correcta implantación del sistema.
Medidas adicionales y demandas en movilidad
Durante la fase informativa se realizó un esfuerzo significativo para comunicar la normativa a la ciudadanía, pese a las dificultades propias de llegar a todos los afectados. Carazo aseguró que en este primer trimestre sancionador continuará el envío de cartas para mantener informados a los ciudadanos y promover la sensibilización hacia esta iniciativa, que “ocupa al conjunto de la sociedad”.
Respecto a las solicitudes de CCOO y CSIF para incrementar contrataciones en el área municipal de Movilidad, la alcaldesa recordó que, debido al plan de ajuste vigente y las restricciones del Ministerio de Hacienda, actualmente no es posible aumentar el capítulo dedicado a gastos de personal en el presupuesto municipal. No obstante, se está realizando un esfuerzo significativo en la gestión de las exenciones para vehículos incluidos en la lista blanca, que permite la entrada a la ZBE a coches sin etiqueta ambiental y domiciliados fuera de Granada.
Carazo destacó que antes no existían mediciones, estudios de movilidad ni modificaciones normativas adecuadas para regular la ZBE, lo que ha requerido adaptar once ordenanzas municipales para dar cobertura legal al proyecto. Agradeció el trabajo del área de Movilidad, especialmente durante el último mes en la tramitación de autorizaciones, y reafirmó el compromiso de seguir ofreciendo información y aprobando permisos para vehículos que hayan presentado solicitudes con retraso.
Finalmente, la alcaldesa defendió la implantación de la ZBE basándose en la necesidad de proteger la salud de los granadinos dadas las condiciones de contaminación y calidad del aire. Señaló que esta medida debería haberse adoptado años atrás, y destacó las alternativas promovidas, como el transporte público metropolitano, para el que se han diseñado hasta 23 nuevas conexiones.