Ochenta y tres personas reclamadas por autoridades policiales o judiciales fueron detenidas en marzo
La Policía Nacional ha llevado a cabo durante el pasado mes de marzo la detención de 83 personas en las localidades de Granada, Motril y Baza, quienes estaban reclamadas por distintas autoridades policiales y judiciales. Estas detenciones responden a causas abiertas o a sentencias firmes que exigían su ingreso en prisión.
El grueso de los hechos ilícitos asociados a estas detenciones está vinculado a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Entre las infracciones más frecuentes se encuentran los robos con fuerza, hurtos y estafas, que conforman la mayoría de las reclamaciones atendidas por los agentes.
Sin embargo, la tipología delictiva registrada es variada y abarca desde casos relacionados con la violencia de género hasta infracciones por conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, mostrando la diversidad de causas que motivan la búsqueda y arresto de estas personas.
Los operativos policiales incluyen la búsqueda activa enfocada en individuos con causas pendientes ante juzgados de todo el territorio nacional y también en aquellos que cuentan con sentencias firmes de ingreso en prisión, pero que estaban evadiendo a la justicia.
Además, esta labor se extiende mediante la cooperación internacional, orientada a la localización y detención de fugados reclamados por otros países. Solo en marzo, se han capturado 83 personas vinculadas a órdenes de búsqueda nacionales e internacionales.
Detalle de las detenciones y reclamaciones
La captura de estos fugitivos ha permitido resolver un total de 87 reclamaciones pendientes. En la ciudad de Granada, se registraron 70 arrestos que dieron lugar a la cancelación de 72 reclamaciones nacionales, una internacional y una de carácter policial.
En Motril, fueron detenidas 10 personas, todas vinculadas a reclamaciones a nivel nacional, al igual que en Baza, donde se produjeron tres detenciones. Tras estas actuaciones, todos los arrestados han sido puestos a disposición de las autoridades policiales o judiciales reclamantes.
Este conjunto de acciones refleja la eficacia y coordinación de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la impunidad de personas con causas abiertas o sentencias firmes, manteniendo la vigilancia tanto en el ámbito nacional como internacional.