Primeras condenas de prisión permanente por el crimen de Los Yesos
Un tribunal ha impuesto prisión permanente revisable a dos de los cuatro implicados en el caso conocido como crimen de Los Yesos, que tuvo lugar en el término municipal de Sorvilán, en la comarca de la costa de Granada. En este hecho, el propietario de una finca fue asesinado tras ser torturado, junto a su pareja sentimental, quien además sufrió una agresión sexual. La condena máxima ha sido dictada por el asesinato de la mujer, marcando la primera vez que se aplica esta pena en la provincia de Granada desde su incorporación al Código Penal en 2015.
Los dos sentenciados, ambos de nacionalidad marroquí, con 29 años y sin residencia legal en España al momento del crimen ocurrido el 20 de abril de 2022, reconocieron haber matado a la pareja tras someterlos a torturas, aunque negaron la agresión sexual contra la mujer. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada enfatiza que la pena más severa deriva del asesinato agravado por la agresión sexual previa, confirmando lo solicitado por la Fiscalía.
Detalles del crimen y declaraciones
El fallo, fechado el 12 de diciembre y susceptible de apelación, subraya que para los acusados concurren "dos circunstancias de específica agravación" contempladas en la ley, y que la víctima hubo de ser asesinada después de sufrir una agresión sexual. Por este motivo, la prisión permanente revisable fue impuesta de forma obligatoria a estos dos individuos por su papel "como autores materiales del citado delito de agresión sexual".
Respecto a los otros dos procesados, ciudadanos españoles de 32 y 22 años, se impusieron condenas de 59 años y tres meses para el primero, y 52 años y nueve meses para el segundo, con un máximo de cumplimiento fijado en 40 años. Además, los marroquíes deberá cumplir las penas de prisión permanente revisable junto con otros 44 años y tres meses adicionales en prisión.
Desarrollo del asalto y crimen
El jurado que juzgó el caso emitió su veredicto el 19 de noviembre, declarando culpables a los cuatro acusados por la comisión de múltiples delitos: asesinatos, detenciones ilegales, robo con violencia en casa habitada, agresión sexual y tenencia ilícita de armas, todos agravados por el uso de disfraces. Uno de los condenados también fue sancionado con una multa de 2.160 euros por un delito contra la seguridad vial. Según se estableció durante el juicio en la Real Chancillería de Granada, la mayoría de estos actos fueron cometidos "de común acuerdo".
La sentencia señala que los dos condenados con prisión permanente revisable admitieron "todos los hechos objeto del escrito de acusación", salvo la agresión sexual y el "propósito lúbrico en los reconocidos tocamientos". Durante el exhaustivo interrogatorio, ambos aceptaron en líneas generales los eventos y coincidieron en que los cuatro actuaron conjuntamente en cada una de las acciones llevadas a cabo.
Condenas y peticiones fiscales
Durante sus declaraciones ante el jurado, uno de los imputados reconoció ser el autor material del asesinato del hombre, mientras que el otro admitió haber sido quien mató a la mujer. Sin antecedentes penales relevantes y con la intención de aumentar sus bienes materiales, planearon durante varios días acudir a la finca para sustraer objetos de valor.
El 20 de abril de 2022, a las 18:30 horas, salieron de Castell de Ferro en el vehículo de un conocido. Todos vistieron ropa oscura, usaron pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, y portaban dos machetes, un revólver y una pistola artesanal guardados en una mochila, cuya existencia era conocida por todos ellos. Al llegar al cortijo alrededor de las 19:00 horas, cuando los propietarios estaban ausentes, entraron en la vivienda usando guantes para evitar dejar huellas y registraron las estancias buscando dinero y otros bienes.
Aproximadamente a las 20:00 horas, el dueño llegó al lugar en su furgoneta. Los acusados, ocultando sus rostros y armados, le interceptaron y obligaron a entrar al inmueble, donde le ataron las manos y los pies con la cinta adhesiva, lo sentaron en una silla y le cubrieron la cabeza. Tras exigir sin éxito dinero y someterlo a múltiples golpes y amenazas, llegó la pareja sentimental del hombre, quien también fue retenida y atada de la misma manera, manteniéndola espalda con espalda a él.
Los hechos se extendieron durante más de una hora y media, tiempo durante el cual se apropiaron del bolso de la mujer, que contenía 120 euros y varios décimos de lotería. Tras asesinar al hombre en la bañera, envolvieron el cuerpo con un edredón y lo llevaron al vehículo. Después de agredir sexualmente a la mujer, declarada cómplice la parte española, decidieron terminar también con su vida mediante degollamiento, trasladando su cadáver envuelto en una manta al mismo vehículo.
Posteriormente, limpiaron la vivienda para eliminar restos de sangre y otros indicios, y sustrajeron móviles, documentación, electrodomésticos y diversas pertenencias de las víctimas. Para deshacerse de los cuerpos, condujeron la furgoneta hasta un barranco cercano y lanzaron ambos cadáveres por una pendiente empinada.
La Fiscalía solicitó penas superiores a 60 años para los acusados españoles y las mismas para los marroquíes, a quienes además pedía prisión permanente revisable. En su informe final, el fiscal instó al jurado a emitir una "respuesta contundente" ante unos hechos que calificó de "tremendos", "muy crueles", "fríos" e "injustificados". Las acusaciones particulares en representación de las familias solicitaron una condena conjunta para cada procesado de 68 años y medio de prisión.
