La operación Sombra Negra de la Policía practicó dos registros en Jerez
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La Policía Nacional desarticula la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado el mayor entramado vinculado al tráfico de cocaína que operaba en el Atlántico y en ríos españoles mediante el uso de “narcolanchas”. La actuación se ha saldado con 105 detenidos y 49 entradas y registros.
En el dispositivo han participado, además, organismos internacionales y autoridades de varios países. La investigación ha permitido intervenir 10.400 kilos de cocaína y golpear la logística que sostenía los traslados marítimos y el movimiento de dinero.
El balance de efectos incautados incluye 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinados al tráfico marítimo, valorados en 2.500.000 euros.
- Operación contra la red del Atlántico
- Rutas y métodos con “narcolanchas”
- Registros y golpe al centro logístico
- Plataformas en alta mar y vigilancia
- Dos fases, cooperación y cifras atribuidas
- Cofinanciación europea
Operación contra la red del Atlántico
La operación ha contado con la colaboración de la NCA, DEA, DGSN, EUROPOL, MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde. También se ha indicado el apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia –CNI-.
Según los datos policiales, el entramado se apoyaba en una estructura amplia y coordinada para introducir grandes remesas de estupefaciente por vía marítima. El golpe se ha centrado tanto en los responsables de los traslados como en los recursos técnicos y financieros que sostenían la actividad.
Rutas y métodos con “narcolanchas”
La investigación, desarrollada durante más de un año, ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. La explotación operativa se llevó a cabo el pasado noviembre y permitió desarticular una red dedicada, presuntamente, a la entrada de cocaína en España mediante embarcaciones de alta velocidad conocidas como “narcolanchas”.
Los recorridos partían desde el río Guadalquivir y otros ríos situados en provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, además de puntos en las costas marroquíes y Portugal, hasta alcanzar el océano Atlántico. Allí, las embarcaciones se reunían con buques nodrizas para realizar el trasvase de la droga y regresar después al archipiélago canario y al sur peninsular.
Las diligencias apuntan a que el grupo se valía de altas velocidades, en ocasiones por encima de los 40 nudos, y de sistemas de comunicación encriptada. También empleaban terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo y un lenguaje codificado.
Este esquema, unido a su operativa nocturna, complicaba la detección y el seguimiento. La combinación de mar abierto, coordinación remota y cambios de rutas elevaba la dificultad de las labores policiales.
Registros y golpe al centro logístico
La estructura investigada se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En total se han ejecutado 49 entradas y registros con participación del Grupo Especial de Operaciones –GEO- y el Grupo Operativo Especial de Seguridad –GOES-.
Los registros se han repartido entre Lanzarote (14), Gran Canaria (14), Fuerteventura (2), Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7) y Jerez (2). En estas actuaciones se han intervenido 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias, tres armas de fuego, dos hexacópteros, material náutico y equipos tecnológicos como inhibidores de alta frecuencia, amplificadores de WIFI para extender la señal en alta mar y conexiones satélites, además de más de 150 teléfonos móviles, varios de ellos encriptados.
Entre las entradas practicadas, los agentes han actuado contra el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar. De acuerdo con la información policial, este punto suministraba terminales de comunicación seguros a buena parte de narcotraficantes de Andalucía y facilitaba material de navegación para las travesías en las ”narcolanchas”.
La incautación de dispositivos y equipamiento especializado se considera clave para frenar la capacidad de coordinación del entramado. El material intervenido, según la estimación difundida, alcanza un valor de 2.500.000 euros.
Plataformas en alta mar y vigilancia
Las pesquisas describen un sistema de permanencia prolongada en el mar. Llegaban a montar auténticas plataformas acuáticas en las que los pilotos podían permanecer más de un mes en alta mar, encadenando varias operaciones y ajustando relevos de tripulación mientras seguían en el agua.
La organización contaba con puntos de apoyo para suministros y con centros propios de almacenaje de combustible, con un consumo acreditado de más de 100.000 litros. Embarcaciones más pequeñas se encargaban de llevar gasolina, víveres, equipos de comunicación y ropa para los notarios que acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta nuestro país.
Además, había integrantes situados en puntos de control que realizaban vigilancia para ubicar medios marítimos y aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Esa red de observación cubría un amplio tramo del litoral, con el objetivo de anticipar la presencia policial.
En el transcurso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de un pago de 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo. Ese abono, según la información recabada, buscaba asegurar su silencio y evitar vínculos con las actividades delictivas.
Dos fases, cooperación y cifras atribuidas
La operación se ha desarrollado en dos fases. La primera culminó en junio del año pasado, con 48 detenidos y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (2), en los que se intervinieron aproximadamente 100.000 euros, cerca de 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos —incluidas 19 embarcaciones y motos acuáticas—, seis inmuebles, cuentas bancarias, tres armas de fuego cortas, documentación y útiles para el tráfico marítimo como teléfonos satélites y dispositivos de geolocalización.
La segunda fase concluyó en noviembre del pasado año con 20 registros en Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7) y Jerez (2). En este tramo se incautaron más de 700.000 euros, dos hexacópteros, material náutico y equipos tecnológicos de última generación —inhibidores de frecuencia, amplificadores WIFI y conexiones satélites—, y se detuvo a 57 personas como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Las investigaciones atribuyen a esta organización la introducción en Europa de 57.000 kilos de cocaína en el último año. La red disponía de coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias para recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil.
En el marco de la cooperación internacional, las autoridades portuguesas intervinieron 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible. La coordinación con agencias como la NCA, DEA, DGSN, Europol y MAOC-N se mantuvo durante el desarrollo del caso, junto con autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde.
Cofinanciación europea
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y otras autoridades policiales de distintos países, han desarrollado esta operación con instrumentos de financiación de la Unión Europea. El enfoque se apoya en cuatro ejes: preparar un entorno de seguridad de futuro, combatir amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada, y reforzar un ecosistema de seguridad europeo.
Para avanzar en esos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con agencias de la UE y fondos específicos como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respalda a los Estados miembros mediante operaciones coordinadas orientadas a desmantelar redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este marco han sido cofinanciadas por la Unión Europea, dentro del apoyo a los Estados miembros frente a las amenazas más relevantes para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.