El plan de primar la construcción de VPO en solares ruinosos sufre su primer revés
El sector no responde al primer expediente que incorporaba ese criterio, con una única oferta que además pagaría en especie
El primer procedimiento de venta forzosa en el que se incluyó la construcción de vivienda protegida como criterio de adjudicación ha tenido una acogida bastante discreta en el sector inmobiliario, hasta el punto de que únicamente se ha recibido una oferta y además el licitador plantea el pago en especie del precio fijado por el Ayuntamiento.
La operación afecta al casco bodeguero situado entre Ronda Muleros y Sancho Vizcaíno, con fachada hacia la plaza del Cristo de la Expiración, de 1.890 metros cuadrados de superficie y una “imponente presencia urbana”, dado que remata toda una manzana.
El Ayuntamiento fijó un precio de salida de 189.167 euros, introduciendo además como criterios el destino residencial de la finca y la construcción de vivienda protegida. La única oferta presentada en tiempo y forma se compromete a desarrollar en el antiguo casco bodeguero una promoción inmobiliaria de 35 VPO (29 de dos dormitorios y 6 de tres).
Sin embargo, propone un pago en especie que consistiría en la cesión de una vivienda valorada en 191.572 euros, una posibilidad no contemplada inicialmente y sobre la que tendría que pronunciarse el Ayuntamiento.
Sea como fuere, lo que parece indudable es que este procedimiento de venta forzosa ha generado un menor interés en el sector que los anteriores, en los que no se había incorporado el criterio de adjudicación de dar a la finca un destino de vivienda de protección oficial.
Este criterio de adjudicación se sumaba a otros igualmente novedosos que se han venido aplicando desde principios de legislatura, consistentes en destinar la futura edificación de la finca a un uso residencial, así como el de mayor número de viviendas de al menos dos dormitorios, en las futuras edificaciones.
Esta venta forzosa afecta a un casco bodeguero de grandes dimensiones que lleva bastante tiempo abandonado y presenta un alto grado de deterioro. Tanto es así, que la licitación fue planteada por los vecinos en el seno de la Mesa del Centro Histórico, ya que se habían observado incluso algunos derrumbamientos que obligaron incluso a acordonar el exterior del edificio, que es del siglo XIX.
No en vano, el PGOU contempla la obligatoriedad de conservar “todo el conjunto estructural y configurador de la edificación”, incluidos “cerramiento exterior, soportes, cubiertas e incluso carpinterías, respetándose en la medida de lo posible los materiales y sistemas constructivos originales”, algo que por otra parte reduce el interés de las promotoras inmobiliarias.