Interior niega a Caparrós la condición de víctima del terrorismo y aviva el debate sobre su reconocimiento
La decisión del Ministerio del Interior de denegar la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós ha reabierto el debate social y político sobre el reconocimiento institucional de una de las figuras más simbólicas de la lucha por la autonomía andaluza. El joven malagueño falleció el 4 de diciembre de 1977 tras recibir un disparo policial durante la histórica manifestación pro autonomía celebrada en Málaga.
Interior sostiene que el caso no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo. En una carta remitida a la familia, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo califica los hechos como “execrables”, subrayando que la misión principal de las fuerzas de seguridad es proteger a la ciudadanía, pero concluye que no concurren los requisitos legales para el reconocimiento ni para una eventual indemnización.
La resolución se apoya en la inexistencia de una sentencia firme que reconozca responsabilidad civil por los hechos o en la falta de procesos penales que permitan aplicar el marco legal vigente. El departamento recuerda además que una solicitud previa presentada en 2007 al amparo de otra normativa fue inadmitida por extemporánea y no fue recurrida judicialmente.
Pese al rechazo, el propio documento admite la gravedad extrema de lo sucedido y reconoce el carácter excepcional de un episodio que marcó la memoria colectiva andaluza.
Una negativa que vuelve a sacudir la memoria
La decisión llega en un momento especialmente simbólico, en la antesala del Día de Andalucía, y vuelve a situar la figura de García Caparrós en el centro del debate público. Su muerte, con solo 18 años, se convirtió en uno de los episodios más significativos del proceso autonómico andaluz y en un símbolo de reivindicación democrática.
La familia había solicitado el reconocimiento ante la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo tras dirigirse previamente a Presidencia del Gobierno, en un intento de avanzar en la reparación institucional.
El Gobierno subraya apoyo pese a la negativa
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, lamentó que las expectativas de la familia no se hayan cumplido, aunque insistió en que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la figura del joven sindicalista. Salas destacó que el Gobierno facilitó el acceso a documentación histórica y trasladó su solidaridad a las hermanas de la víctima.
El mensaje institucional busca separar el reconocimiento simbólico del encaje jurídico, una distinción que ha marcado el debate en los últimos años.
Reacciones políticas: más reconocimiento y presión institucional
La negativa ha provocado una rápida reacción política. El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz anunció que impulsará iniciativas para que la Junta reconozca a García Caparrós como víctima de violencia institucional y estudie una compensación económica extraordinaria para su familia, apelando a la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza.
Desde otras formaciones, la respuesta ha sido más contundente. Representantes de Por Andalucía reclamaron que se otorgue el mismo reconocimiento que a otras víctimas de violencia política y exigieron al presidente del Gobierno que cumpla su compromiso de buscar una vía legal.
Podemos calificó la decisión de “escandalosa” y de “desprecio al pueblo andaluz”, insistiendo en que la negativa desatiende una reivindicación histórica de la familia y de amplios sectores sociales.
Adelante Andalucía fue más allá y pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, al considerar que el rechazo ignora la demanda de reparación y el significado histórico del caso.
Por su parte, el PP andaluz defendió que el Gobierno autonómico ha sido el que ha impulsado medidas de reconocimiento dentro de sus competencias y recordó el respaldo institucional que el Parlamento andaluz ha mostrado de forma reiterada a la figura de Caparrós.
Un reconocimiento aún en disputa
Más de cuatro décadas después, la figura de García Caparrós sigue generando consenso en su dimensión simbólica y desacuerdo en su encaje jurídico. La negativa de Interior no cierra el debate, sino que lo reactiva en un contexto en el que la memoria democrática, la reparación institucional y el relato del proceso autonómico andaluz vuelven a ocupar espacio público.
Mientras la vía estatal queda limitada por la legislación vigente, el foco se desplaza ahora a posibles iniciativas autonómicas y a la presión política para ampliar el reconocimiento. Para la familia, la decisión supone un nuevo revés; para el debate público andaluz, un recordatorio de que la reparación de uno de sus símbolos más potentes continúa abierta.
