La oposición pide una comisión de investigación sobre Smassa tras derivar a la Fiscalía una presunta corrupción

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, anunció tras su aterrizaje en julio de 2023 que llegaría hasta el fondo en la gestión realizada durante el mandato de su anterior predecesor, José del Río, y del gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A. (Smassa), Manuel Díaz, investigado éste último en otra causa judicial. Y lo ha hecho.

Primero con el despido de Díaz y ahora con el traslado a la Fiscalía de Málaga de expedientes de Smassa relacionados con facturas infladas, presuntamente, hasta en un 90% de los ejercicios 2024 y 2025. 

"Hemos detectado cosas que no se hacían bien", llegó a decir en un pleno municipal la que fue directora provincial de Tráfico en Málaga antes de pasarse al Consistorio, en referencia al expediente del aparcamiento de Pío Baroja, en el barrio de El Palo, cuya inauguración, junto con el alcalde, Francisco de la Torre, llevó a cabo la concejal semanas después de llegar al Ayuntamiento malagueño.

Ahora el Grupo Municipal Socialista y el de Con Málaga (IU-Podemos) han solicitado este viernes la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de la capital para arrojar luz a una gestión (entre 2019 y 2024), algunos de cuyos expedientes ya están en el punto de mira de la justicia después de que en noviembre de 2022 una ingeniera de Smassa denunciara en el juzgado, e incluso ante el pleno municipal, haber sido víctima de las presiones para favorecer a una constructora adjudicataria.  

Para delimitar las responsabilidades políticas, el PSOE llevará al próximo pleno ordinario de la semana que viene una moción en la que pide la creación de una comisión de investigación, con el objetivo de esclarecer "una cadena de presuntas irregularidades administrativas y hechos que podrían ser constitutivos de delito".

Algunos de ellos ya se han puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte de la Concejalía de Movilidad después de que este área encargara dos auditorías externas que concluyen que varios servicios encomendados a empresas privadas registran costes de facturas de hasta un 90%, una circunstancia que para los socialistas apunta a "una microcorrupción". 

¿Negligencias administrativas o conductas delictivas? Eso es lo que deberá de resolver el Ministerio Público, no acostumbrado a que un Ayuntamiento, como el de Málaga, le haga llegar a la Ciudad de la Justicia este tipo de expedientes administrativos por la actuación de su personal.

TRES MILLONES DE EUROS DE SOBRECOSTE

El portavoz socialista, Daniel Pérez, recordó que al último caso detectado de facturas infladas en un 90% se suman los más de tres millones de euros de sobrecoste de las obras del aparcamiento de Pío Baroja, que acabó con el cese del gerente Manuel Díaz, hoy investigado por un Juzgado de Instrucción.

 "Junto a las mordidas del 10% en el seno de ProMálaga, evidencian el modus operandi del Partido Popular en Málaga tras 25 años de gobierno de Francisco de la Torre”, señaló Pérez, que reclamó al alcalde que "dé la cara" y asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido en esta empresa municipal de aparcamientos “que presidía cuando se produjeron los hechos". 

Una presidencia que dejó hasta que la sociedad de aparcamientos pasó a ser en su totalidad de accionariado público, tras la salida de Unicaja que recibió 25 millones de euros por sus acciones. Precisamente, Smassa está ahora presidida por la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, y tiene como vicepresidenta en su sede social de la Plaza de Jesús El Rico 2 a la concejala Elisa Pérez de Siles.

Para los socialistas, el regidor popular intentó "durante años minimizar como simples irregularidades administrativas lo que hoy ya no puede ocultarse. Estamos hablando de presuntos delitos, de facturas infladas con sobrecostes de hasta el 90%, de denuncias trasladadas a la Fiscalía por la propia sociedad municipal y de una gestión absolutamente opaca protegida desde la Alcaldía", ha remarcado Pérez.

Los expedientes, que ya están en poder del Ministerio Público, están relacionados con sobrecostes, así como otros de posibles delitos medioambientales vinculados a la gestión de vehículos retirados y desguaces. Ahora, la Fiscalía debe determinar si los supuestos incrementos que han detectado las auditorías pueden ser tipificados como delitos de administración desleal, cohecho o prevaricación.

El PSOE recuerda que esta situación fue ya denunciada de forma reiterada por su grupo municipal desde hacía meses. Lo hizo en mayo de 2024, durante una reunión de Pérez y del concejal socialista asignado a los temas de movilidad, Jorge Quero, con los trabajadores del servicio de desguace.

La oposición ha puesto el foco en la figura del que fuera jefe de servicio de SMASSA, E. Z., "una persona enchufada a dedo, con una contratación en fraude de ley durante dos años y protegida políticamente por el alcalde”.

Esta persona ha sido suspendida de empleo y sueldo desde este mes de enero y se encuentra pendiente de presentar alegaciones. “Cuando pedimos explicaciones, ya sabíamos que lo que se escondía iba mucho más allá", ha subrayado Daniel Pérez en referencia al que, en su opinión, probablemente en los próximos días será investigado.

Por su parte, el consejero en Smassa por el PSOE, el edil Jorge Quero, recordó que la empresa municipal ya se encuentra en la Fiscalía por dos asuntos de enorme gravedad. "Por un lado, las obras del aparcamiento de Pío Baroja, con importantes sobrecostes, y por otro, las nuevas denuncias trasladadas por el propio equipo de gobierno relacionadas con facturas infladas que en algunos casos alcanzan hasta un 90% de sobrecoste".

"Cada vez que se investiga un poco más en SMASSA, se confirma que teníamos razón cuando alertamos de irregularidades graves en su gestión", dijo, para justificar que “es imprescindible abrir una comisión de investigación para analizar en profundidad qué está fallando en esta empresa pública, cuáles son los procedimientos internos y por qué se han podido producir presuntas corruptelas durante tanto tiempo sin que nadie asumiera responsabilidades".

Finalmente Quero ha reclamado “el acceso a toda la información disponible para poder actuar en los ámbitos jurídicos que correspondan y abordar este asunto con la máxima seriedad”, y ha advertido de que “el equipo de gobierno no puede seguir tapando la corrupción dentro de una empresa pública que pertenece a todos los malagueños”.

Los socialistas remarcan que este modo municipal de operar se extiende “libremente por el Ayuntamiento tras los 25 años de gobierno de Paco de la Torre en Málaga”. 

Daniel Pérez recordó que a presiones de los socialistas, el Ayuntamiento reclamó más de 525.000 euros a la empresa adjudicataria del estacionamiento subterráneo de El Palo, “tras detectar errores de medición, certificaciones indebidas y desviaciones presupuestarias”, según recogen los informes técnicos externos encargados por SMASSA y aprobados por su Consejo de Administración, que preside la edil Hernández.

“Si hay una responsabilidad máxima de lo ocurrido tanto en SMASSA como en otros casos similares, como ProMálaga y las supuestas mordidas del 10% en contratos públicos”, bajo secreto de sumario todavía, “esa es la del alcalde. Cuando sucedieron estos hechos, Francisco de la Torre era presidente del Consejo de Administración. Ya está bien de tapar la corrupción en este Ayuntamiento", concluyó el portavoz socialista.