Málaga bajo la lupa por el urbanismo ilegal: 125 investigados en una macrooperación del Seprona
Málaga vuelve a situarse en el foco por las irregularidades urbanísticas. Un total de 125 personas han sido investigadas en la provincia por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en el marco de la operación ‘Murus’, desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil bajo la coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga a lo largo de 2025.
La investigación ha puesto el acento en construcciones no legalizables en suelo rústico, algunas incluso en espacios protegidos, y ha salpicado a promotores, constructores y técnicos directores de obras. De los investigados, 122 son personas físicas y tres personas jurídicas.
Según ha informado la Guardia Civil, los agentes han detectado la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos, cuyas diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga para su valoración judicial.
Más de un centenar de inspecciones en toda la provincia
La operación ha incluido 104 inspecciones en municipios de todas las comarcas malagueñas, con el resultado de 154 infracciones administrativas. La mayoría de ellas están relacionadas con la falta de licencia urbanística, obras que no se ajustan al proyecto autorizado, movimientos de tierras no permitidos o construcciones ejecutadas al margen de la legalidad.
Todas las denuncias han sido trasladadas a los respectivos ayuntamientos, que son las administraciones competentes para la tramitación de los expedientes sancionadores en materia territorial y urbanística.
Viviendas ilegales y usos fraudulentos
Entre las actuaciones detectadas que atentan contra el suelo, el Seprona destaca la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos dentro de espacios especialmente protegidos. También se ha descubierto la instalación de casas prefabricadas con fines residenciales sin autorización, la construcción de piscinas camufladas como albercas de riego y la edificación de barbacoas con fines recreativos sin justificación agrícola.
Otro de los fraudes más habituales ha sido la construcción de naves de aperos que posteriormente cambiaban su uso real para convertirse en viviendas residenciales, una práctica que supone un grave atentado contra la normativa urbanística.
Coordinación institucional
Durante toda la investigación se ha contado con la colaboración de los servicios técnicos de los ayuntamientos implicados y con efectivos de la Junta de Andalucía, lo que ha permitido reforzar el control sobre el uso del suelo en la provincia.
La operación ‘Murus’ pone de manifiesto la dimensión del problema del urbanismo ilegal en Málaga y la presión constante que sufre el territorio, especialmente en suelo rústico, donde la construcción irregular sigue siendo una de las principales amenazas para la ordenación sostenible de la provincia.