Condenan al Ayuntamiento de Marbella a pagar por vulneración de derechos y discriminar a una empleada
En abril pasado, el Consistorio marbellí fue condenado, además, a abonarla 20.227 euros por las diferencias salariales de la trabajadora
Un juzgado de lo Social ha condenado al Ayuntamiento de Marbella, que preside la popular Ángeles Muñoz, a pagar 3.000 euros por vulneración de derechos fundamentales de una trabajadora, adscrita a la Delegación Municipal de Deportes, después de que la misma hubiera sufrido un cambio de sus condiciones laborales al tener un nuevo puesto de trabajo y una bajada de sus retribuciones mensuales.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Málaga, del pasado 3 de noviembre, estima la petición de la defensa de la empleada de anular la decisión de la administración municipal, y ordena que se la mantenga en el puesto de auxiliar administrativa hasta que se produzca una revisión de prevención de riesgos laborales, consecuencia del desarrollo de la empleada de una patología de asma bronquial y una sensibilidad especial a los productos químicos que se utilizan en las piscinas.
En los hechos probados del fallo se recoge que la empleada venía prestando sus servicios, desde enero de 2005, en la Gerencia de Obras con la categoría de limpiadora, pasando a depender de la Fundación Deportiva Municipal en octubre del 2008.
Posteriormente, tras el proceso de estabilización del 2023 en las administraciones públicas, y el correspondiente reconocimiento médico de salud, en abril de ese año, resultó apta para su puesto también en las dependencias oficiales de Las Chapas y San Pedro de Alcántara, teniendo desde entonces una relación laboral como fija en el Ayuntamiento.
TRATAMIENTO MÉDICO POR ASMA
La sentencia señala que la afectada inició, en febrero de 2016, un tratamiento por el Servicio de Neumología por asma bronquial, en el que se determinó que tenía efectos nocivos para su salud el estar en contacto con productos irritantes bronquiales, como son los aerosoles y elementos químicos para la limpieza.
Por esta circunstancia, en mayo de 2016 se le destinó para realizar funciones de auxiliar administrativa en la piscina y pistas municipales de Marbella, en las que cobraba las tasas y alquilaba las canchas deportivas. Sin embargo, sus percepciones en la nómina no fueron las recogidas en el convenio, por lo que procedió a reclamarlas ante el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga, que le reconoció en febrero de este año, en otro procedimiento laboral, su derecho retributivo.
La sentencia señala en los hechos probados que el 19 de febrero pasado, mientras ejercía como auxiliar administrativa se la convocó a una reunión, en la que su superior le indicó que "desde ese mismo momento pasaría a prestar servicios como limpiadora en San Pedro, Las Chapas y Marbella", presentando un escrito contrario en el que expresaba que su patología le impedía entrar en contacto con productos de limpieza, químicos o aerosoles, al tiempo que solicitaba un nuevo reconocimiento médico.
Sin embargo, según fallo, desde el Área de Recursos Humanos del Consistorio marbellí se le indicó que mientras que se "culmina este proceso, deberá realizar todas las funciones inherentes a su puesto de trabajo de limpiadora".
Ante esta circunstancia, la trabajadora acudió a urgencias, el 19 de febrero de 2025, con síntomas de ansiedad, e inició un proceso de incapacidad temporal el pasado 20 de febrero con el diagnóstico médico de "crisis de ansiedad generalizada", cuadro en el que aún continúa.
RECONOCIMIENTO DIFERENCIAS SALARIALES
Paralelamente, el pasado 8 de abril, una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de la capital estimaba en parte la demanda retributiva tramitada desde el despacho Podadera Abogados, por la que se condenaba al Ayuntamiento de Marbella al abono de 20.227 euros de diferencias salariales entre la categoría de limpiadora y la de auxiliar administrativo (Grupo C2). La diferencia de nóminas entre el puesto de auxiliar administrativa y el de limpiadora es de 789 euros mensuales.
Tras revisar los hechos, la magistrada de lo Social 5, María José Beneito Ortega, estima que ha existido una conexión entre la demanda de reclamación salarial por las funciones de auxiliar y la decisión municipal de su traslado de puesto, "un cambio después de 9 años", afirma la jueza, lo que para ella constituye "una violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador".
Por este motivo impone al Ayuntamiento de Marbella el abono de 3.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios, al haber sufrido la trabajadora "una discriminación" y su restitución al puesto de auxiliar administrativa. Contra el fallo de esta sentencia cabe recurso de suplicación ante el TSJA.