El juzgado ve indicios de acoso laboral del exgerente de Smassa contra una ingeniera
La técnica de la empresa municipal cuestionó la adjudicación de un parking y denunció en 2022 a Manuel Díaz por presiones y humillaciones durante la construcción del aparcamiento del Palo mientras que la defensa del exalto cargo sostiene que no hay pruebas del hostigamiento, ni de irregularidades en el estacionamiento de Pio Baroja
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, Fuensanta López, ha dictado un auto en el que sostiene que existen indicios contra el ex gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamiento y Servicios (SMASSA), Manuel Díaz Guirado, de que haya cometido un presunto delito de acoso laboral contra una técnico ingeniera de dicha empresa, que denunció a finales de 2022 en el juzgado y ante el mismo pleno del Ayuntamiento de Málaga, presidido por el alcalde Francisco de la Torre, que Díaz le presionó para favorecer a una de las empresas que optaron a la construcción del parking público del Palo.
La magistrada, que ha tardado más de un año en pronunciarse después de tomar declaración a testigos y escuchar a peritos, entre ellos un médico forense, y tras el escrito que le formuló la fiscal asignada a este caso, considera que la técnica Trinidad R. J., que trabajaba en SMASSA, podría haber sufrido acoso por parte de Díaz Guirado, "un trato dado a la misma en el ámbito laboral, llegando ésta a sufrir padecimiento", lo que le provocó, según un informe de sanidad médico-forense obrante en las actuaciones, que se "sintiera humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior".
La trabajadora declaró en el juzgado que nunca en sus más de 20 años de ejercicio profesional había tenido problemas laborales, y que los mismos comenzaron pocos meses después de que el que fuese en su día también concejal de Urbanismo (2007-2011) en el Consistorio de Málaga fue nombrado como gerente de Smassa.
Como consecuencia de los hechos, la denunciante activó el protocolo de acoso y causó baja laboral en el empresa municipal, y no se reincorporó a su puesto hasta más de un año de la llegada de la actual edil de Movilidad, Trinidad Hernández.
Fue precisamente ésta última la que abrió un expediente interno, en junio de 2023, que concluyó con el despido pactado de Manuel Díaz como alto directivo municipal.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y CALIFICACIONES
La magistrada, en el auto de fecha 4 de noviembre, ordena seguir las actuaciones penales mediante trámite del procedimiento abreviado, por lo que encamina al ex alto cargo de la Concejalía de Movilidad, que dirigió el ex concejal José del Río, a sentarse en el banquillo.
Tanto la Fiscalía, como la acusación popular que encabezan parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista, que se personó por el presunto perjuicio a las arcas públicas durante el trámite de la adjudicación del parking, tienen que presentar en las próximas semanas (10 días desde la notificación) sus escritos de calificación, al igual que el letrado de la trabajadora afectada, que forma también parte del procedimiento. Tras estos escritos, y si la Audiencia Provincial confirma el auto, se procedería a decretar la apertura de juicio oral contra el encausado.
En un escrito de 13 de septiembre de 2024, el Ministerio Fiscal solicitó el dictado del auto de procedimiento abreviado, "a la vista del elevado número de testigos, la prolija documentación y las decisiones de “dudosa fundamentación del querellado”. Desde entonces, la jueza no se había pronunciado hasta que el pasado mes de octubre el abogado del ex gerente solicitó un pronunciamiento del juzgado.
En su parte dispositiva del auto, la magistrada acuerda seguir también el procedimiento abreviado por si los hechos investigados fueren constitutivos además del presunto delito de acoso laboral, de los tipos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
En su escrito, el letrado de Díaz Guirado sostiene que de las diligencias de prueba practicadas (esencialmente, la pericial y documental) "corroboran nuestra opinión que pone de manifiesto que no ha existido ni tan siquiera una mera ilegalidad administrativa", en los que se refiere al procedimiento de contratación y ejecución de las obras del parking.
El defensor del ex gerente recordaba en su escrito del 24 del pasado octubre ante la jueza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se dice que por más retrasos experimentados en el procedimiento de instrucción "hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales, o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, de ningún modo altera el carácter injustificado de los retrasos excesivos que se convierten en genuinas dilaciones indebidas que menoscaban el derecho a la tutela judicial efectiva".
Al escrito para que se archivara la causa, se opuso además de la fiscal Alicia Ferrol, el abogado de tres ediles del PSOE, Francisco Conejo, que considera que existen indicios racionales y suficientes no solo del acoso laboral, sino también de posibles delitos de prevaricación administrativa y contra la administración pública después de que la trabajadora denunció los hechos en el juzgado y se oyeran a los testigos.
