Una pareja reconoce una estafa desde Málaga de 104.866 euros a la Junta de Castilla-La Mancha para escuelas infantiles
La acusada se personó semanas después en el juzgado de guardia para detallar y asumir la apropiación. La Fiscalía les pidió 5 años de prisión, pero tras la conformidad se les impuso 18 meses
Una pareja de Málaga ha sido condenada por la Audiencia Provincial por estafar en 2023 a un ayuntamiento de la provincia de Cuenca y hacerse con 104.866 euros, que habían sido destinados para una escuela infantil de la localidad. Mediante el hackeo informático, consiguieron hacerse pasar por el ente local para apoderarse del importe de la subvención, que ingresaron en una cuenta suya.
Esta ayuda pública de Castilla-La Mancha, que se otorga mediante concesión directa, está destinada para aquellos municipios con una población igual o inferior a 10.000 habitantes que tengan autorizada y en funcionamiento una escuela infantil. Para ello, el Consistorio solicitante se compromete a que el alumnado de 2 a 3 años reciba el servicio educativo de manera gratuita.
La sentencia de conformidad reconoce como hechos probados, investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que los dos acusados de común acuerdo, solos o en unión de otras personas cuya identidad se desconoce, consiguieron entrar en el correo del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca).
Desde la cuenta de la secretaría, el 27 de febrero de 2023, remitieron como si fuera dicho ayuntamiento un correo electrónico a la Viceconsejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha.
En el email, dirigido a escuelas infantiles-JCLM, se facilitaba la cuenta corriente en la que el Gobierno regional tenía que ingresar los 104.866,40 euros, que debían de sufragar la creación de plazas en educación infantil en dicho municipio.
FALSIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO
Previamente, accedieron a la información de que el ente local había firmado un convenio con la Consejería de Educación manchega, por el que se justificaba el pago de dicha subvención pública. Aportaron en dicho correo un supuesto certificado de titularidad bancaria (sin logotipo, sello ni firma de la entidad bancaria) y al que le habían incluido mediante un montaje fotográfico una firma electrónica oficial.
En el mismo aparecía el nombre de la acusada que lo firmaba como alcaldesa del ayuntamiento, y una cuenta corriente que tenía abierta en el BBVA. Lograron de este modo que la Junta de Castilla-La Mancha transfiriera dicha suma de dinero, el 2 de mayo de 2023, y una vez recibido los dos acusados dispusieron del mismo en su propio beneficio.
Semanas después, el 18 de julio de 2023, la acusada se personó en el juzgado de guardia de Málaga reconociendo que ella y su pareja habían dispuesto de la referida cantidad.
Durante las actuaciones, mediante Procedimiento Abreviado, el Ministerio Público presentó escrito de acusación en el que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de falsedad, en concurso con un delito de estafa. La Fiscalía solicitó que se condenara a los acusados a la pena de 5 años de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 12 euros (3.600 euros), así como las costas.
MODIFICACIÓN DE LAS PENAS EN EL JUICIO
Sin embargo, tras la conformidad se les ha impuesto como autores responsables de un delito de falsedad la pena de seis meses de prisión, y una multa de seis meses a razón de 6 euros diarios (1.080 euros). A ello se sumaba la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de seis meses a razón de seis euros diarios, por el delito de estafa.
Los dos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha en la suma de 104.866,40 euros, cantidad que devengará el interés legal. La Sección 9 de la Audiencia de Málaga les ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta, durante un plazo de cinco años, condicionado a que no cometa nuevo delito.
