La presidenta de la Audiencia señala que la ley de eficiencia no será suficiente y que harán falta más medidas
La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha valorado el alcance de la Ley de Eficiencia en el funcionamiento de la Justicia, en un contexto marcado por la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales de la provincia.
En declaraciones a Europa Press, ha señalado que la reforma "puede mejorar la estructura" del sistema y facilitar "a optimizar recursos, en la reorganización de los medios materiales y personales", aunque ha subrayado "las carencias" existentes en Málaga, "que está muy sobrecargada" de asuntos.
En ese marco, ha advertido: "Seríamos un poco ilusos si pensáramos que con esto se va a resolver, que ya no vamos a necesitar nada más", y ha insistido en que seguirá siendo necesaria una dotación adicional de medios.
- Impacto de la ley y necesidades de recursos
- Despliegue por fases y dificultades operativas
- Ventajas previstas: uniformidad y más plazas
- Peticiones de refuerzo por partidos judiciales y jurisdicciones
- Prioridades para la Audiencia: digitalización y mediación
Impacto de la ley y necesidades de recursos
Lourdes García ha indicado que, pese a las mejoras que se atribuyen a la Ley de Eficiencia, en la provincia seguirá siendo imprescindible un impulso adicional de personal y medios. En concreto, ha afirmado que "vamos a seguir necesitando un esfuerzo por parte tanto del Ministerio de Justicia como por parte de la Junta de Andalucía de dotar a Málaga de los medios que seguimos necesitando, por ejemplo, el número de jueces".
En esa misma línea, ha situado entre las necesidades el aumento de efectivos en la oficina judicial, con más funcionarios y también con más Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de acuerdo con lo expuesto en la entrevista.
Despliegue por fases y dificultades operativas
La presidenta de la Audiencia ha descrito el proceso de implantación de la normativa como "un tsumani", al tratarse de un cambio que modifica la organización del sistema judicial. Ha explicado que la situación se ha vuelto "complicada" desde el 1 de julio, cuando arrancó la fase 1 de adaptación de los juzgados a los tribunales de instancia.
Según ha precisado, la fase 2 comenzó en octubre y es la que se está aplicando actualmente. La tercera fase afectará a los juzgados de la capital y a la Audiencia, con previsión de inicio a principios de 2026.
En relación con el trabajo diario durante este despliegue, García ha comparado la transición con una obra o una mudanza y ha recalcado: "Cuando uno hace una mudanza o hace una obra, a lo mejor cierra, pero aquí no podemos cerrar. Aquí hay que seguir trabajando como si nada, sufriendo a la vez todos estos cambios".
También ha detallado que se han "generado muchas incidencias, problemas de organización" vinculados a las nuevas oficinas judiciales y a los puestos judiciales, además de cuestiones relacionadas con el acoplamiento de los funcionarios y con la gestión de determinados servicios.
Ventajas previstas: uniformidad y más plazas
Junto a las dificultades, Lourdes García ha apuntado beneficios asociados a la ley. Entre ellos, ha destacado la uniformidad en la tramitación y en el modo de trabajar de la oficina judicial, con el objetivo de evitar diferencias entre juzgados. Ha explicado que "la finalidad es que realmente no haya esas desigualdades entre un juzgado y otro, que un juzgado por las circunstancias que sean sufra un retardo en su tramitación de asuntos y que por tanto el justiciable se vea sometido a una espera que a lo mejor en otro no se ve porque va más ágil".
En este punto, ha añadido: "al momento que uniformizas esa oficina, eso va a dejar de pasar", aunque ha matizado que todavía es pronto para comprobar el alcance de esas mejoras. Además, ha recordado que "es verdad que cada juzgado tiene una carga pendiente diferente" y ha insistido en que, en el caso de las macrocausas que tramitan los juzgados malagueños, debe existir "la dotación adecuada de los equipos".
García ha señalado igualmente que la reforma puede facilitar el aumento de medios "sin tanto coste, sin ese esfuerzo titánico", al permitir "optimizando los recursos y los espacios". En su explicación, ha precisado que ya no sería imprescindible crear un juzgado completo, con el coste asociado a espacio y recursos humanos aportados por la Junta y a los magistrados y LAJ dependientes del ministerio, lo que, según ha indicado, haría más viable ampliar plazas.
En esa simplificación, ha resumido el mecanismo que se plantea: "Ahora esto se va a simplificar en cierta medida porque si hay que incrementar, se incrementa un puesto judicial más". También ha señalado que se analiza la carga de trabajo para decidir si es necesario sumar más funcionarios al servicio común.
En el ámbito de la coordinación institucional, ha reconocido el trabajo realizado para trasladar y explicar los cambios, en colaboración con el secretario coordinador, Pablo Jiménez Villarejo, y con la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, además de la Delegación territorial de Justicia. En ese contexto, ha destacado la necesidad de "estar muy coordinados" con la Junta, con el Tribunal Superior, con el Consejo General y con el ministerio.
Finalmente, ha apuntado que será necesario seguir solicitando lo que Málaga requiera, al ser una provincia relevante en lo judicial pero con una dotación insuficiente. En sus palabras, habrá que "ir reclamando lo que entendamos que Málaga va a necesitar, que es mucho porque sigue siendo una provincia muy importante judicialmente pero un poco infradotada y tenemos que seguir luchando para que se la dote con los medios que necesita para dar un buen servicio con esta nueva estructura pero con las necesidades que todavía tenemos que son muchas".
Peticiones de refuerzo por partidos judiciales y jurisdicciones
Sobre las necesidades de refuerzo, Lourdes García ha explicado que cada año se concretan en la memoria provincial enviada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su aprobación. Ha indicado que las últimas peticiones, ya teniendo en cuenta la reforma, incluyen el incremento de puestos judiciales, especialmente en el ámbito civil.
En ese apartado civil, ha citado los partidos judiciales de Fuengirola, Torremolinos y Marbella, y también los de Vélez-Málaga y Estepona, como puntos donde se solicita ampliar puestos.
Otra cuestión expuesta es la posibilidad de reorganizar Archidona, que asume los procedimientos de la prisión. Ha planteado la opción de unificar Archidona e integrarla en el Tribunal de Instancia de Antequera, manteniendo las oficinas previstas en cada municipio en lo que eran los antiguos Juzgados de Paz, frente a la alternativa de reforzar Archidona; ha señalado que se inclina más por la primera posibilidad.
En Málaga capital, ha puesto el foco en la carga que soportan los juzgados de primera instancia y ha remarcado: "es importantísima la sobrecarga tan enorme que tienen los juzgados de primera instancia". De cara al inicio en enero de la nueva organización de puestos judiciales, ha señalado que seguirá siendo necesaria una ampliación relevante: ha hablado de más de diez y de más de 20, incluso entre 25 y 30 plazas, para asumir el volumen de trabajo.
En la jurisdicción de lo Social, ha recalcado que el derecho laboral "es importantísimo" y ha lamentado retrasos en asuntos sobre despidos, Seguridad Social y reclamaciones que, según ha indicado, afectan a la vida laboral de la ciudadanía. Por ello, ha pedido ampliar los puestos judiciales también en esta jurisdicción, además de hacerlo en Lo Penal y en Lo Mercantil.
La situación, según ha añadido, se reproduce en las salas de la Audiencia, donde existen comisiones de servicio estructurales y coyunturales orientadas a evitar que, sobre todo en lo civil, los recursos acumulen más retrasos. En este punto, ha señalado que sería necesario incrementar "al menos en cada sección dos magistrados más". En las secciones penales, ha indicado que en las últimas inspecciones del Consejo General del Poder Judicial se habla de cuatro magistrados más y "y urgente y perentorio dos".
Prioridades para la Audiencia: digitalización y mediación
Lourdes García, renovada en el cargo el pasado julio, ha situado como uno de sus retos inmediatos afrontar "este tsunami que se nos viene" con la Ley de Eficiencia. En ese objetivo, ha señalado que el trabajo pasa por impulsar la optimización de recursos y el nuevo diseño organizativo, con la meta de una modernización y una mejora del servicio que presta la Administración de Justicia.
Además, ha mencionado entre las líneas de actuación el impulso a la digitalización de los expedientes, la continuidad del trabajo en la Comisión de Violencia sobre la Mujer y la necesidad de dotar a la Audiencia de magistrados y herramientas para seguir asumiendo juicios vinculados a macrocausas complejas. También ha incluido la coordinación con los demás partidos judiciales y el refuerzo de la mediación, ámbito en el que, según ha señalado, "también estamos trabajando".