Solicitan prisión preventiva para Luis Arce en Bolivia ante posible riesgo de fuga
Por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía
La Fiscalía de Bolivia ha vuelto a poner en el centro de la atención judicial al expresidente Luis Arce al pedir este jueves una prisión preventiva por un periodo de tres meses. Esta solicitud llega tras su detención ocurrida un día antes, en relación con una presunta malversación de fondos del Fondo Indígena durante su etapa como ministro de Economía.
El Ministerio Público busca que Arce sea recluido en la cárcel de Qalahuma, ubicada en la ciudad de Viacha del departamento de La Paz. La petición se funda en el riesgo de fuga y en posibles acciones para obstruir el avance de la investigación, además de basarse en las evidencias que motivaron su arresto inicial.
Acusaciones y personas vinculadas al caso
El documento oficial de imputación, al que tuvo acceso el diario 'El Deber', señala que Arce —quien optó por ejercer su derecho a no prestar declaración en la primera audiencia— "sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares".
Por otro lado, la Fiscalía informó que convocará a declarar a 24 personas vinculadas directamente al proceso. Entre ellas destacan la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la excónsul boliviana en Puno, Perú, Felipa Huanca, así como otros exfuncionarios de alto nivel que estuvieron en funciones durante los años en los que se presuntamente cometieron los delitos. Según las autoridades, los hechos investigados abarcan desde 2006 a 2017, periodo en el que Arce ejerció como ministro de Economía, además de su breve paso por esa cartera entre enero y noviembre de 2019 bajo el gobierno de Evo Morales.
Cargos formales y afectación económica
Los señalamientos que se atribuyen a Arce incluyen enriquecimiento ilícito, aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, uso inapropiado de influencias y conductas de corte antieconómico. Así lo indicó Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, cuando habló sobre este asunto en días recientes.
El responsable del Ministerio de Gobierno agregó que la investigación también apunta a la financiación de "proyectos fantasma" con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). “Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos”, expresó Oviedo, detallando que el perjuicio económico alcanzaría los 360 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 44,5 millones de euros.
