El Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía
El Parlamento venezolano ha dado luz verde este jueves a la nueva ley de amnistía propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el propósito de permitir la liberación de personas condenadas por infracciones registradas desde 1999.
La norma fue respaldada por unanimidad en la asamblea dirigida por Jorge Rodríguez, quien aprovechó la ocasión para reconocer el "espíritu de convivencia" y la "fuerza" exhibida por la comisión especial a cargo del proyecto, además de felicitar a todos los integrantes de la Asamblea Nacional.
El texto legislativo alcanzó su aprobación definitiva en la segunda discusión, después de que en una primera sesión parte de los artículos ya obtuvieran el aval total de los diputados, a pesar de diversos desacuerdos entre oficialistas y opositores. Uno de los puntos más controvertidos hacía referencia a la obligación de los beneficiados de “ponerse a derecho”, es decir, presentarse ante las autoridades. Finalmente, seis artículos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática recibieron apoyo unánime en esa fase inicial.
Según lo aprobado este jueves, quienes sean elegibles para la amnistía deberán presentarse ante las autoridades, aunque el marco legal contempla la representación mediante un abogado o abogada de confianza para las personas en el exilio, durante el trámite de su solicitud. El texto también establece que no podrá ordenarse la detención de quienes soliciten beneficiarse de la ley mientras dure el proceso.
Creación de una comisión especial y trámite legal
El articulado ratifica la puesta en marcha de una comisión especial designada para hacer el seguimiento de la aplicación del nuevo marco normativo. Entre sus competencias principales figura garantizar la correcta ejecución de la ley, que ya ha sido remitida a la presidenta encargada para su firma y posterior publicación en la gaceta oficial venezolana.
El proceso establece que la presencia física ante las autoridades no será condición indispensable para personas exiliadas, ya que podrán estar representadas legalmente. Asimismo, se prohíben detenciones motivadas por el trámite de la solicitud en curso, reforzando así las garantías que acompañan la implementación de la nueva legislación.
Hechos alcanzados y exclusiones de la ley
La ley se hará efectiva sobre conductas vinculadas a trece episodios específicos consignados en el artículo 8 del texto, entre los cuales figuran el intento de golpe de Estado en abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002 y 2003, el referéndum revocatorio promovido en 2004, y numerosas protestas contrarias al Gobierno realizadas en 2007, 2013, 2017 y 2024.
No obstante, han quedado excluidas de la aplicación aquellos delitos relacionados con corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes.
Reacciones de organizaciones y familiares
La organización Foro Penal, que cifra en 448 las personas consideradas presos políticos que han sido liberadas desde el 8 de enero, ha manifestado que “los crímenes contra la humanidad jamás prescriben”. Al mismo tiempo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha comunicado la suspensión de la huelga de hambre que un grupo de familiares mantenía en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como zona 7 de Caracas, debido al marcado “desgaste físico” y a la “ausencia total de respuestas” de las autoridades.
La reacción social se ha centrado especialmente en la vigencia de los impedimentos legales a determinados delitos y en la respuesta institucional frente al seguimiento de la nueva normativa.
Antecedentes y contexto reciente
La propuesta legislativa fue hecha pública a finales de enero por Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como segunda al mando en el Gobierno de Nicolás Maduro. Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York después de haber sido apresado por las autoridades estadounidenses tras una operación sobre Caracas y áreas cercanas a comienzos de 2026.
El marco jurídico aprobado convierte en ley los acuerdos alcanzados tras intensas negociaciones entre los distintos bloques parlamentarios y pretende dar respuesta a una demanda recurrente en la vida política y social venezolana desde hace más de dos décadas.