La Fiscalía ve “un avance” incluir la temeridad para castigar el ‘petaqueo’
Ana Tárrago destaca que la ley de multirreincidencia incorpora penas de prisión de tres a cinco años y refuerza la protección ante el riesgo para ciudadanos y medio ambiente
La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha valorado este martes la inclusión del concepto de “temeridad manifiesta” en la ley de multirreincidencia para combatir el suministro de combustible a narcolanchas, conocido como ‘petaqueo’. Se trata, según ha subrayado, de una reivindicación que la Fiscalía ha reiterado “durante muchos años” en sus memorias anuales.
En declaraciones a los medios en Sevilla, antes de presidir la reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provinciales y de Área, Tárrago ha explicado que la norma introduce “un apartado más” vinculado al peligro que conlleva la manipulación y transporte de estas sustancias. Ha puesto el acento en el riesgo “para los ciudadanos y en general” derivado de estas prácticas, lo que justifica el endurecimiento del marco penal.
La Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia contempla como delito la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos cuando se genere un riesgo para la vida, la integridad física, la salud de las personas o el medio ambiente. La horquilla de penas previstas oscila entre los tres y los cinco años de prisión.
Tárrago ha recordado que la iniciativa ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, aunque ha precisado que la ley “tiene todavía más recorrido” y podría experimentar modificaciones durante su tramitación parlamentaria, especialmente en lo relativo a las penas. “Estamos a ver cómo queda definitivamente”, ha señalado.
En este contexto, ha destacado como “un triunfo” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condenó a una persona por un delito de ‘petaqueo’, respaldando el criterio de la Fiscalía y revocando el fallo previo de la Audiencia Provincial de Cádiz. Además, ha indicado que permanece pendiente la resolución de otro recurso interpuesto por la Fiscalía de Cádiz contra una nueva absolución por hechos similares.
La reforma se enmarca en una estrategia más amplia contra el narcotráfico y complementa lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2018, que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido.