Tasa de basura: similar a la plusvalía municipal... que tumbó el Tribunal Supremo

Hace meses, los inspectores de Hacienda Local avisaron de la calamitosa situación en la que se encontrarían las entidades locales por la obligación de implantar una nueva tasa de basuras para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de acuerdo a una directiva europea. El tema será abordado nuevamente por el colectivo en unos días en un congreso en Alicante. El diagnóstico, entonces y ahora, es el mismo. Tal y como está regulada, la tasa guarda similitudes a la plusvalía municipal, revocada por el Tribunal Supremo, obligando a los ayuntamientos a devolver lo recaudado.

El problema, apuntan los expertos, es que, si bien la Unión Europea (UE) determinó que el mejor modo de llevar a cabo una correcta gestión de los residuos era tocar el bolsillo de los ciudadanos, de acuerdo al principio de que quien más contamina paga más, no estableció cómo.
El Gobierno de España se decidió por ceder la responsabilidad a las entidades locales, obligándoles a que elaboraran unas ordenanzas fiscales en las que la tasa cubra todos los costes.
Pero lo hizo sin establecer los criterios sobre cómo calcular el coste estándar del servicio. Y cada uno ha optado por soluciones diferentes.
Esto aboca a que la normativa acabe en los tribunales, pero, además, cada ciudadano deberá recurrir para recuperar el importe.

Ecologistas en Acción coincide en los vicios en origen de la ley, pero pone el acento en que las entidades locales deben cumplir con la normativa sí o sí.
“La recogida separada de la materia orgánica, por medio del servicio de recogida ‘puerta a puerta’ o contenedor marrón con control de usuario, para reducir de forma drástica la entrada de rechazos en vertedero y, por tanto, disminuir los costes de vertido, es imperiosa, estableciendo unas tasas de residuos locales que recojan el coste real de las operaciones de forma efectiva”, remarca la organización.

Las dos grandes instalaciones de compostaje y gestión de la provincia, Miramundo y Bolaños, han emprendido acciones para su modernización y dar respuesta a estas necesidades, recuerda.

Además, plantea que los ayuntamientos adapten los contratos de prestación de servicios a la legislación y fijen un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos.
Finalmente, propone que las entidades locales renegocien los convenios leoninos con Ecoembes, asumiendo esta ‘sociedad sin ánimo de lucro’ el coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria, a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos, en base al principio de la responsabilidad ampliada del productor.

De no actuar con prontitud y eficacia, “las sanciones económicas, el encarecimiento de la prestación del servicio, el pago del impuesto por vertido y el colapso en las plantas de tratamiento mecánico-biológico” es el nefasto horizonte que sobrevendrá, advierte Daniel López Marijuán, portavoz de la entidad.