Condenado el ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez por el caso Okupas: tres años de prisión y 21 de inhabilitación
La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia en uno de los casos judiciales más prolongados y controvertidos de la política local roteña. El exalcalde Lorenzo Sánchez, que gobernó la localidad entre 2003 y 2010 bajo las siglas de Roteños Unidos, ha sido condenado a tres años de prisión y a 21 años de inhabilitación para empleo o cargo público por su implicación en el denominado caso Okupas.
El fallo considera probado que Sánchez incurrió en dos delitos de prevaricación administrativa en concurso con otros dos de malversación de caudales públicos. Según recoge la resolución, el entonces regidor autorizó pagos con dinero público a personas que ocupaban ilegalmente viviendas municipales, con el objetivo de que abandonaran dichos inmuebles.
Los hechos se remontan a mediados de la década de los 2000, cuando el Ayuntamiento de Rota proyectaba una reordenación urbanística en la zona del conocido bloque Zorrilla y su entorno. Algunas de las viviendas municipales de esa área habían sido ocupadas ilegalmente con el paso del tiempo, en un contexto de deterioro urbano y problemas asociados, como el tráfico de drogas.
Para facilitar el desalojo, el equipo de gobierno aprobó inicialmente una partida de 600.000 euros destinada a compensaciones y realojos, dirigida exclusivamente a propietarios o titulares con algún derecho reconocido. Sin embargo, la sentencia subraya que esa decisión no amparaba en ningún caso pagos a ocupantes sin título legal.
Pese a ello, el tribunal concluye que Lorenzo Sánchez actuó “de manera consciente y evidente” al margen de la legalidad, firmando dos convenios en 2007 que beneficiaron directamente a cuatro okupas —dos parejas— con fondos municipales. Las cantidades entregadas superaron los 48.700 euros, dinero que los beneficiarios utilizaron como entrada para adquirir nuevas viviendas en una zona en expansión de la localidad.
La Audiencia destaca el carácter “discrecional” de la actuación del exalcalde, quien firmó los acuerdos sin respaldo legal ni intervención económica previa. El tribunal considera que estos convenios fueron “manifiestamente perjudiciales para el erario público” y respondieron a una voluntad de beneficiar de forma injusta a los implicados, ya fuera por relaciones personales o intereses políticos.
Como consecuencia, la sentencia declara nulos dichos convenios y obliga tanto a Sánchez como a los cuatro beneficiarios a devolver íntegramente la cantidad abonada al Ayuntamiento de Rota.
El fallo ha tardado cerca de un año en conocerse desde la celebración del juicio, en el que el exalcalde declaró el 29 de abril de 2025, coincidiendo con el apagón eléctrico que afectó a todo el país. El tribunal ha tenido en cuenta esta demora aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, aunque únicamente con una rebaja de un grado, al considerar que la gravedad de los hechos y los antecedentes del acusado no justificaban una reducción mayor de la pena.
Esta no es la primera condena para Lorenzo Sánchez. El exregidor ya fue sentenciado anteriormente a un año y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por el conocido caso Uniformes, aunque en aquella ocasión no ingresó en prisión al quedar suspendida la pena. Por otro lado, resultó absuelto en otras causas como el caso Horas Extra y el de los Convenios Urbanísticos.
Además, aún está pendiente de resolución judicial otro procedimiento relevante, el denominado caso Parking, relacionado con una presunta permuta irregular de suelo municipal a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo.
Impacto político y local
La sentencia supone un nuevo episodio en la larga sombra judicial que ha acompañado a la política municipal de Rota durante las últimas décadas. Más allá de las consecuencias penales para el exalcalde, el caso vuelve a poner el foco en la gestión de los recursos públicos y en los mecanismos de control institucional.
Con esta resolución, la justicia da por acreditado que se produjo un uso indebido de fondos municipales en un contexto especialmente sensible, como es el acceso a la vivienda, generando un perjuicio económico directo para las arcas públicas y un precedente que marca un antes y un después en la interpretación de este tipo de actuaciones en el ámbito local.