La familia de Sandra Peña prepara una querella por el presunto acoso escolar
Los padres de la menor sevillana estudian acciones penales contra el colegio o su dirección mientras sigue la investigación de la Fiscalía
La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre después de haber sufrido acoso escolar, se encuentra en estos momentos en la fase final de preparación de una querella junto a sus abogados. En todo caso, según trasladan, todavía no está completamente definido el alcance exacto de la acción judicial, ya que sigue sin concretarse si la querella se formulará contra el colegio, las Irlandesas de Loreto, en su condición de persona jurídica, o si, por el contrario, se orientará de manera específica contra miembros de la dirección del propio centro educativo.
Según ha explicado Isaac Villar, portavoz de la familia, adelantar ahora con precisión cómo quedarán fijados los detalles puede resultar, a su juicio, prematuro. No obstante, ha señalado que en estos días se adoptará, con seguridad, una decisión definitiva y, una vez tomada, se procederá a interponer la correspondiente querella. Estas manifestaciones las ha realizado en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión y recogida por Europa Press.
Desde la familia se sostiene que existen "motivos más que suficientes" para promover esa iniciativa judicial. En esa línea, Villar ha afirmado que, a su entender, resulta evidente que no se activó ninguno de los protocolos que debieron haberse puesto en marcha en el momento en que se denunció la situación y cuando, además, se presentaron los informes psicológicos relativos a Sandra. Con esa apreciación, el portavoz ha insistido en la relevancia de lo que considera una falta de activación de los mecanismos previstos ante los hechos denunciados.
En relación con las diligencias en curso, Villar ha recordado que la Fiscalía mantiene su investigación abierta y, al mismo tiempo, ha expresado su agradecimiento por el trabajo del Ministerio Público. Así, ha indicado que la familia conoce que se están empleando esfuerzos y los medios disponibles con el objetivo de esclarecer lo sucedido y de aclarar la situación en torno al caso.
En cuanto al plano administrativo iniciado por la Junta, el portavoz ha subrayado la importancia de mantener una reunión con la consejera de Educación, Carmen Castillo, al considerar necesario disponer de información directa sobre el estado del procedimiento. En ese sentido, ha precisado que se les emplazó a estos primeros días de enero para concretar una cita y una fecha determinada en la que se reciba a los padres de Sandra, con el fin de que se les explique en qué punto se encuentra ese asunto.
Sobre ese mismo extremo, Villar ha señalado que, desde la perspectiva de la familia, sería relevante que se adoptara una sanción contundente y ejemplar. A su juicio, si no se toman medidas serias, existe la posibilidad de que este tipo de casos continúe repitiéndose, y por ese motivo, ha remarcado, se mantiene la reclamación de actuaciones firmes. También ha indicado que ninguna de las decisiones que se adopten podrá reparar el daño sufrido, pero que, al menos, se apliquen medidas de carácter serio para evitar que hechos similares vuelvan a producirse.
En paralelo, la Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes orientados a investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de esos procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos. El segundo, de supervisión, tiene como finalidad evaluar la actuación desarrollada y la posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima, conforme al objeto propio de ese tipo de expediente.
Por su parte, desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido solicitando cautela y responsabilidad hasta que finalicen las investigaciones policial, judicial y administrativa relacionadas con el citado caso. Este asunto, según se recuerda, movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, con el objetivo de acabar con el denominado "monstruo del bullying". Las manifestaciones se convocaron en 55 ciudades de todo el país, en el marco de una huelga estudiantil.