Piden una moratoria de los vertidos al estuario Guadalquivir, "gravemente contaminado"
Los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir amenazan su ecosistema, la salud humana y la pesca. Así lo han asegurado hoy nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que han elaborado un estudio, publicado en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, que concluye que los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir "suponen un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río como la pesca, la acuicultura y la ganadería; y para la salud pública".
En la presentación, el autor principal del artículo Jesús M. Castillo, de la Universidad de Sevilla, ha estado acompañado por los alcaldes de los ayuntamientos de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, así como de representantes de las organizaciones FACUA, COAG, Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción Greenpeace y RANCA, entre otras.
Con el artículo como aval y "en aplicación del principio de precaución", han pedido una "moratoria inmediata" de los nuevos vertidos, que están en proceso de autorización y que "multiplicarían por diez la contaminación que en estos momentos afronta el estuario".
La Junta de Andalucía ha autorizado recientemente uno de la propia Cobre Las Cruces (2,34 hectómetros cúbicos durante 14 años) y el de la Mina de Aznalcóllar, adjudicada a Minera Los Frailes (hasta cuatro hectómetros cúbicos durante 17 años).
El artículo demostraría que los sedimentos del estuario interior del Guadalquivir (desde la presa de Alcalá del Río a La Puebla del Río) "están gravemente contaminados con metales pesados que proceden del vertido realizado desde 2009 por la empresa minera Cobre las Cruces".
El artículo concluye que la salud humana está expuesta por el consumo de ganado (por la afectación a las zonas ribereñas) y marisco contaminado. Plantean la suspensión del consumo de la lisa hasta que la contaminación detectada sea analizada en profundidad.
También constataría que el modelo de comportamiento de los metales de dos nuevos vertidos previstos por la citada empresa y por Los Frailes "son erróneos, aunque los haya aceptado la Consejería de Industria y Minas".
De ahí que hayan anunciado el inicio de acciones judiciales "para esclarecer las responsabilidades de la contaminación por metales y metaloides potencialmente tóxicos de los sedimentos del estuario", así como de los últimos episodios de "contaminación severa" de los ríos Agrio-Guadiamar-Guadalquivir "por drenaje ácido de mina procedente de las escombreras de la mina de Aznalcóllar".
El estudio detalla que Cobre Las Cruces "ha descargado durante años aguas tratadas con alta salinidad y concentraciones significativas de zinc, cobre, arsénico y níquel en el tramo interior del estuario".
Con los límites máximos permitidos, "estas descargas suponen cada año la entrada de cientos de kilos de metales potencialmente tóxicos".
El artículo califica de "simplistas" los modelos de impacto utilizados por las empresas y la Administración "al no integrar el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona".
Han anunciado que acudirán a la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla para esclarecer las “responsabilidades de la contaminación por metales” que pone en peligro además de la salud pública, a decenas de miles de puestos de trabajo de las actividades económicas que dependen del estuario del Guadalquivir.
El primero en hacerlo ha sido el alcalde del municipio gaditano de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que ha presentado denuncia "por la contaminación por drenaje ácido de minas desde la Mina de Aznalcóllar".
No quieren que "se sacrifique el Guadalquivir y las actividades económicas que dependen de él, en favor de la minería”.
