El precio seguirá al alza al menos tres años pero hay medidas en marcha
Promotores públicos y privados, pero también el Tercer Sector, con presencia mayoritaria femenina, debatieron en el Encuentro 7.0 de Publicaciones del Sur sobre el reto de hacer accesible la vivienda y se pudieron extraer algunas conclusiones, aunque no hubiera unanimidad: los precios seguirán al alza al menos dos o tres años y las medidas que se están aplicando aún no han tenido efecto, el sector privado pide ser parte de la solución y el público apuesta por más vivienda protegida, y es urgente agilizar la burocracia y digitalizar la administración, corregir la falta de mano de obra, apostar por el transporte público para acercar donde está la vivienda al trabajo, y, sobre todo, financiación. Y una petición: que se ponga en el centro a las personas, porque uno de cada cuatro andaluces tiene problemas con la vivienda.
La interesante y plural mesa de debate la formaban José María López Cerezo, presidente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Andalucía y España AVS; Rosa Villaseca, CEO del Grupo ABU; Irene Giménez, directora en Sevilla de Savills España; Pilar Pérez, gerente de Sevilla Activa (empresa pública de vivienda de la Diputación de Sevilla); Francisco José Sánchez, presidente de Cáritas Regional de Andalucía; y Susana García Bujalance, directora del estudio Laboratorio de Urbanismo. Todos estuvieron de acuerdo en el “problemón” y en el diagnóstico y aunque no hubo soluciones únicas, sí que hubo posturas coincidentes.
Coincidieron en la necesidad de que si hay vivienda pública, ésta debe permanecer como tal, aunque pidieron plazos los representantes del sector privado, porque “si hay fondos públicos”, debe ser pública, decía López Cerezo, y aunque la aplicación de medidas por parte de las administraciones era celebrada por todos, los efectos siguen sin verse. Villaseca reclamó que sienten a la mesa al sector privado “porque es parte de la solución”; Giménez reclamó una profunda transformación de la administración porque el trámite burocrático “es tedioso”, al igual que García Bujalance, que pidió invertir antes en la digitalización para agilizarla, además de en transporte público, para acercar todos las bolsas de viviendas mejorando la movilidad.
“La digitalización es una quimera”, decía la CEO de ABU al hablar de los costes de construcción (iguales en una VPO y una de renta libre) y, especialmente, por la escasez de mano de obra especializada, mientras Giménez apostaba también por otras formas de coliving para dar respuesta a jóvenes, estudiantes o nómadas digitales. Y de “bajar al caso concreto” hablaba Pilar Pérez, aplicando soluciones y corrigiendo desequilibrios según zonas, porque han constatado que en las segundas y terceras coronas metropolitanas, “el promotor privado ha desaparecido” y son los ayuntamientos o a Diputación los que deben asumir la iniciativa.
La cruda realidad la exponía Sánchez, porque uno de cada cuatro andaluces tiene problemas con la vivienda y hay casos “sangrantes” como familias hacinadas en una habitación o más de 4.000 sin techo. “Hay solución si hay voluntad política”, insistía, mientras López Cerezo daba un apunte de futuro para el aspecto que rondó todo el debate: la financiación. “Europa ya tiene un problema con la vivienda y eso significa que va a venir dinero”, reflexionaba y advertía: mientras en la UE se invierte de media 275 euros en vivienda, en España sólo se destinan 34 euros.
Hubo coincidencia en la necesidad de promover vivienda pública (y también libre) aunque los representantes de los promotores públicos incidieron en la necesidad de incorporar el parque de viviendas las que hay vacías, eso sí, con el apunte de que hay que mejorar el transporte público para sea una alternativa de vivienda real para todos. Sólo el representante de Cáritas apostó claramente por intervenir los precios en las zonas tensionadas y hubo discrepancias sobre la limitación de las viviendas de uso turístico: depende más de la zona pero sí, regularlas es necesario. En cuanto a limitar la compra si no es para vivienda habitual, aunque Pilar García apuntó la necesidad de grabarlas más y Sánchez recordaba que “hay muchas casas vacías”, en general no se respaldó la propuesta.
Bajar los costes y agilizar los trámites fueron dos de los retos que más se destacaron para dar solución al problema de la vivienda, pero también los tiempos, porque si bien es cierto que mientras haya capacidad de adquirir a precios desorbitados seguirá la coyuntura alcista, si no se actúa, desde lo público y desde lo privado, el mercado seguirá expulsando a buena parte de la sociedad. La opción del Barrio de Quarto se destacó como una de esas posibles soluciones, con la administración pública poniendo suelo a disposición, agilizando los trámites y apostando por la vivienda pública sin expulsar a la privada.
