Fraude alimentario: Diez detenidos por comercializar plátanos falsificados y productos caducados

Macrooperación. | Europa Press.

Se han incautación 11.500 toneladas de productos ilícitos en diferentes actuaciones en Huelva, Mallorca, Alicante, Vigo y Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha participado en la masiva operación internacional conocida como 'Opson XIV', dirigida a combatir el fraude en el sector alimentario. En España, esta acción ha culminado con la detención de diez personas y la investigación de 29 más por actividades ilícitas como la comercialización de plátanos falsamente etiquetados como de Canarias, la venta de productos congelados en mal estado y la distribución de carne caducada, incluidas prácticas de descontaminación con lejía.

Las intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se llevaron a cabo en localidades como Huelva, Mallorca, Alicante, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, enfrentándose a delitos relacionados con la estafa, fraude alimentario, falsificación de documentos, atentados contra la propiedad industrial y la salud pública.

Incautaciones y controles realizados

Gracias a esta macrooperación, se lograron incautar un total de 11.500 toneladas de productos ilegales, cuyo valor en el mercado supera los 95 millones de euros. Entre los bienes decomisados se encuentran bebidas alcohólicas, cereales, frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados, mariscos, lácteos, azúcar y aditivos, según los datos oficiales proporcionados por la Guardia Civil.

Los agentes llevaron a cabo más de 2.091 inspecciones y registros en diversas instalaciones como centros de distribución, almacenes, medios de transporte, además de controles en puertos y aeropuertos dentro del territorio nacional. Esto permitió detectar 1.219 infracciones administrativas.

Principales fraudes detectados

Falsos plátanos de Canarias

En Alicante, las investigaciones pusieron al descubierto una empresa que ofertaba bananas originarias de Madeira (Portugal) como si fueran plátanos de Canarias, etiquetados bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Esta compañía tenía suspendida la certificación para su venta y utilizaba documentación aduanera falsificada, permitiendo la distribución ilegal de 2.000 toneladas de estos productos.

Productos perjudiciales para la salud pública

En Santa Cruz de Tenerife, el Seprona investiga a una persona vinculada a la venta mayorista de pescados, mariscos y otros alimentos sin trazabilidad y en condiciones insalubres, incluidos productos caducados o que no habían mantenido la cadena de frío. Se incautaron aproximadamente 25 toneladas de productos perecederos.

Similarmente, en regiones como Valencia, Murcia y Pontevedra, se intervinieron 1.167 toneladas de alimentos congelados con fechas de consumo expiradas y en mal estado. Esta operación resultó en la detención de una persona y la investigación de ocho más por cargos varios, como fraude alimentario, estafa, falsedad documental y delitos contra la salud pública.

Uso de lejía en alimentos

En Mallorca, cinco individuos están siendo investigados por delitos contra la salud pública tras detectarse que una planta cárnica manipulaba productos caducados, incluyendo la alteración de la trazabilidad y la descontaminación mediante lejía. Durante la inspección se incautaron 231 kilogramos de alimentos no aptos para consumo.

Venta de moluscos no aptos para consumo

Por último, en Huelva, la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía Marítima de Portugal, desarticuló una red criminal dedicada a la venta de moluscos bivalvos no aptos para el consumo. Estos productos, procedentes de Portugal, eran distribuidos tanto a nivel nacional como europeo. Tras la intervención, se incautaron cerca de siete toneladas de mercancía y se detuvo a seis personas, mientras que otras dos quedaron en calidad de investigadas.

Este operativo contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, reforzando la cooperación institucional para garantizar la seguridad alimentaria.