El Gobierno impugna judicialmente el cierre del centro de refugiados de Pozuelo
El Ejecutivo ha presentado un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares contra la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que ordenaba el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) destinado a personas refugiadas en el municipio.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado este jueves a Europa Press esta acción legal y han señalado que están a la espera de la decisión que tome el órgano judicial competente.
Situación actual del centro y perfil de sus residentes
El CREADE de Pozuelo es un inmueble que el Ministerio de Inclusión cedió en 2022, a través de Seguridad Social, con el objetivo de atender la emergencia causada por conflictos bélicos, entre ellos la guerra en Ucrania, según han recordado desde el Ministerio.
Durante estos años, el centro se ha consolidado como un punto de referencia para la atención a más de 100.000 personas que han requerido protección internacional o temporal. Según explican desde la administración dirigida por Elma Saiz, hasta hace pocos meses no había surgido ningún conflicto con el Ayuntamiento.
Actualmente, la capacidad del centro está ocupada por 125 personas, en su mayoría mujeres ucranianas con estatus de protección temporal, muchas de ellas acompañadas de sus hijos e hijas. También alberga a mujeres de otros países que cuentan con protección internacional, como personas originarias de América Latina y Afganistán, junto con sus menores.
Posición del Ayuntamiento y requerimientos a Migraciones
En contraste, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha reclamado por escrito al Gobierno detalles sobre la situación del CREADE en su municipio. Además, ha informado que recurrirá todos los medios legales para que se cumpla con la orden de clausura.
La regidora envió una carta a la ministra Elma Saiz, a la que tuvo acceso Europa Press, tras la celebración de un acto del Ministerio por el Día del Migrante en este centro, a pesar de que el Ayuntamiento decretó en septiembre su cierre definitivo. Se otorgó un plazo de cuatro meses para reubicar a las aproximadamente 400 personas que residían allí, de acuerdo con información oficial del Consistorio.
Tejero criticó que la ministra no la haya invitado a dicha celebración, describiéndolo como algo "lógico y deseable", y lamentó la falta de información en relación con la situación del centro.
El Ayuntamiento fundamenta su orden en que la actividad que se desarrolla en el CREADE carece de los títulos habilitantes pertinentes para su funcionamiento. La resolución municipal establece un plazo límite, que expira el 17 de enero de 2026, para proceder a la clausura definitiva. Sin embargo, según consta, el Ministerio no ha notificado ni presentado plan alguno para cumplir con esta resolución.
Asimismo, la alcaldesa señala que no se ha observado ninguna solicitud formal para obtener el título habilitante requerido, que debía solicitarse en un plazo máximo de quince días estipulado en la resolución. Tampoco se tiene constancia de la interposición de recurso judicial dentro del plazo legalmente establecido, que venció el 17 de noviembre pasado.
Paloma Tejero subrayó que el centro continúa en funcionamiento y solicitó a la ministra explicaciones sobre las iniciativas que el Gobierno ha previsto para asegurar que se cumpla la prohibición y cese la actividad, en aras del respeto a la legalidad vigente.
La alcaldesa concluyó advirtiendo que queda menos de un mes para que se complete el cierre y garantizó que el Ayuntamiento actuará con todos los recursos legales disponibles para que la orden de clausura sea ejecutada.
