Prisión para una mujer que llamó con insultos racistas a un niño y lo amenazó en Aranda
La Audiencia Provincial de Burgos ha sentenciado a una mujer a 16 meses de prisión, al pago de multas que ascienden a 2.070 euros y a una indemnización de 2.000 euros por insultar y amenazar a un menor de diez años con expresiones racistas en un colegio público del partido judicial de Aranda de Duero. La condenada accedió al comedor escolar sin autorización y profirió amenazas con unas tijeras al menor, afectando gravemente su dignidad.
La resolución judicial, adoptada mediante conformidad entre las partes, establece la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años, condicionada a la no reincidencia durante ese periodo. La acusada deberá notificar cualquier cambio de domicilio, cumplir con la responsabilidad civil mediante pagos mensuales de 175 euros y someterse a un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.
Identificada como Candelaria, nacida en 1960, fue condenada por un delito cometido con ocasión del ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, en concreto por la lesión de la dignidad basada en motivos raciales. Además, la sentencia incluye un delito contra la integridad moral, con agravantes por abuso de superioridad y discriminación, más un delito leve de amenazas.
Los hechos sucedieron el 8 de enero de 2024, cuando la acusada acudió al centro público para recoger a sus nietas tras la comida. Sin permiso de la monitora, entró al comedor y, en presencia de quince niños menores de doce años, dirigió insultos racistas al menor Prudencio, con ascendencia dominicana, profiriendo expresiones como "puto mono" y "puto negro".
Aprovechándose de su superioridad física y psíquica frente al niño, Candelaria manifestó su "animadversión y desprecio a las personas de raza negra", con el propósito claro de menoscabar su dignidad por el simple motivo de su pertenencia racial. La mujer llegó a amenazar con "cortarle los huevos y meterlos en una caja", sin llegar a usar las tijeras, antes de abandonar el centro escolar.
Implicaciones jurídicas y medidas adicionales impuestas
La sentencia recoge cómo las expresiones racistas causaron en Prudencio un profundo sentimiento de humillación y desprecio que afectó directamente a su dignidad personal. La madre del menor, Martina, denunció los hechos y reclamó la indemnización correspondiente. La causa fue tramitada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Aranda de Duero y posteriormente asumida por la Audiencia Provincial.
Además de la pena de prisión y la indemnización, la acusada ha sido inhabilitada durante nueve años para ejercer actividades relacionadas con educación, deporte y ocio en ámbitos donde pueda influir sobre menores. Esta medida responde a lo establecido en el artículo 510.5 del Código Penal, dada la naturaleza discriminatoria de las conductas.
Asimismo, se han impuesto prohibiciones específicas de aproximación y comunicación:
- Prohibición de acercarse a menos de 100 metros de Prudencio durante tres años, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio en este periodo.
- Prohibición similar de aproximación y comunicación respecto a Joaquín durante un plazo de seis meses.
Estas restricciones buscan garantizar la protección integral del menor y evitar cualquier contacto que pueda suponer un riesgo para su bienestar psicológico y físico.
