Seis presos condenados por estafa, salud pública, drogas y lesiones reciben el indulto del Gobierno
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha divulgado recientemente los indultos aprobados por el Consejo de Ministros en su última sesión, beneficiando a seis personas condenadas por diversos delitos, entre ellos estafa, tráfico de drogas, contra la salud pública y lesiones. Estos indultos se han concedido tras considerar los informes de los tribunales y la Fiscalía, atendiendo a motivos de "justicia y equidad".
Entre los beneficiarios se encuentra María Jesús Blanco Blanco, condenada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020 por un delito de estafa, con una pena privativa de libertad de 21 meses y multa durante siete meses. Además, fue enjuiciada por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, teniendo en cuenta hechos ocurridos entre 2010 y 2017. El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha indicado que "concurren razones de justicia y equidad" para concederle el indulto condicionado a que no incurra en delito doloso en un periodo de cuatro años tras la publicación del real decreto.
Asimismo, Daniela Castaño Agudelo ha sido indultada tras ser condenada por un delito continuado de estafa por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, con una pena de tres años, por hechos acaecido en 2021. Se ha estimado pertinente el levantamiento de la pena privativa de libertad pendiente, considerando los informes judiciales y fiscales.
Indultos por delitos contra la salud pública
El Consejo de Ministros también ha aprobado el indulto de Antonio Cucharero Morales, sentenciado por la Audiencia Provincial de Granada por un delito contra la salud pública a tres años y diez meses de prisión, una multa de 100.000 euros y la privación del derecho de sufragio pasivo durante la condena. Los hechos datan de 2017 y se establece como condición para el indulto que no cometa "delito doloso" en los cuatro años posteriores a la publicación oficial.
Por otro lado, Jesús David González Sariego, condenado por el mismo tipo de delito por la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, ha recibido el indulto para la pena privativa de libertad que aún tenía por cumplir. Su condena incluía tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 35.041,73 euros. El levantamiento del castigo está condicionado a la ausencia de reincidencia dolosa en tres años a partir de la publicación del decreto.
Indultos en casos de tráfico de drogas y lesiones
En materia de tráfico de drogas, Natalia Diéguez Egea ha sido beneficiada con el indulto tras ser condenada por la Audiencia Provincial por un delito relacionado con la modalidad de causar grave daño a la salud. La pena original fue de dos años de prisión, junto con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 625 euros. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron entre 2016 y 2017, y la concesión del indulto requiere que no cometa nuevo delito doloso en un plazo de dos años.
Finalmente, José Rodríguez Cortés, condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por un delito de lesiones con una pena de un año y seis meses de prisión, también ha obtenido el indulto. Su condena incluía medidas de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación con el perjudicado durante cuatro años. Además, fue condenado por un delito de amenazas con pena de un año de prisión y prohibiciones similares durante tres años, por hechos de 2020. Se ha estimado que, considerando los informes judiciales y la Fiscalía, "concurren razones de justicia y equidad" para el indulto condicionado a que no incumpla la ley con nuevos delitos dolosos en los próximos tres años.
