Bono social: El gobierno lo crea y tú lo pagas
Qué bella palabra la solidaridad. Y qué importante sería si se aplicase a toda la actividad de quienes, por delegación, deben velar por el interés general. —¡Oiga! ¿Es que no es así? —Pues mire usted que no lo es. Y de esto saben y mucho quienes tienen una empresa. Los gobiernos, de uno u otro signo, están gestionados por políticos que saben a ciencia cierta que sus cargos tienen que ser revalidados en las urnas. Y no parece que ninguno esté tan harto de la responsabilidad, que dicen asumen, como para volver a la vida civil. Su familia, su trabajo, sus aficiones, su actividad social… Por ello, el fantasma de unas urnas hostiles les empuja a gestionar los recursos públicos en clave electoral. No es el interés general el que les mueve, no son las prioridades de la vida ciudadana las que orientan sus políticas, sino el obtener el favor del electorado de tal o cual territorio, o colectivo social, laboral o económico, que saben, por los sondeos que paga el pueblo, que posiblemente les dé la espalda en la próxima cita electoral. Por otro lado, deben mantener contentos a los adeptos, fidelizar a quienes en ellos confiaron en las últimas elecciones. La verdad es que es un trabajo de “chinos”. Porque el ansia de seguir detentando poder y obtener pingües beneficios personales es enorme. Tan grande es que difícilmente puedan saciar ese hambre de prestigio, poder o dinero.
Por ello, además de apretar con los tributos al pueblo, a unos más que a otros, planifican los gastos públicos de forma que a determinados servicios públicos no les llega y en ese momento “disparan con pólvora ajena”. Un ejemplo: Que se amplía el tiempo de los permisos laborales cuando concurren circunstancias personales diversas, todas ellas encomiables. ¿Quién pagará el costo de esos permisos laborales? Usted pudiera pensar que quien aprueba la medida debería pagarla. Pero no es así. Y se le carga mediante ley la obligación al empresariado. En esto hay también un trasfondo ideológico que se sostiene en la “inquina” de ciertos sectores sociales contra el “empresariado”; que se fundamenta en que el empresariado explota a la clase trabajadora, que gana mucho dinero acumulando plusvalías. Y siendo esto cierto, sobre todo en la mediana y gran empresa, podría pensarse que eso no justificaría que los gobiernos decidan sobre medidas sociales para que las paguen terceros. Si el gobierno pretende reducir el horario de trabajo semanal, cosa que sería importante para aumentar la contratación y reducir el desempleo, se tendría que regularizar la fiscalidad de las empresas y dedicar parte de los tributos a este fin, complementando los salarios de quienes, trabajando menos, ganarán lo mismo o incluso más que antes. Un permiso por nacimiento, cuidado de mayores, en definitiva conciliación de la vida laboral, personal y familiar, ¿debería de compensarlo el gobierno? Si es el gobierno quien lo dicta, que sea él el que lo pague. Suena a coherente. Otro ejemplo es la tasa del reciclaje de residuos sólidos. El gobierno viene haciendo llamamientos y aportando subvenciones a las empresas especializadas en el reciclaje. Pueden sus directivos ganar más de 100.000 euros al año, siendo públicas, por ejemplo, pero a esto de los sueldos públicos los gobiernos de un color u otro tampoco le ponen ninguna pega. Cansado el gobierno de que estas empresas no reciclen como debe ser, las “multa”, pidiéndoles que le aporten 30 o 40 euros por tonelada de residuos no reciclados. ¿Y qué hace esa empresa pública de reciclaje? Pues sigue sin reciclar porque la “multa” la pagarán las vecinas y los vecinos a los que les recoge la basura. —Pero, ¡oiga! —¿Qué me está diciendo? —¡Lo que lee usted!, ya que aumentan la tasa de reciclaje de residuos sólidos y todo el pueblo tiene que pagar la multa que deberían pagar quienes dirigen las empresas que reciclan a medias o menos. Y ¿qué hace el gobierno? Que sabe que la ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad en esto del reciclaje, y a pesar de ello está siendo sancionada sin motivo. Debería el gobierno poner coto a tamaña injusticia. Asumir la responsabilidad de reciclar e intervenir esas empresas públicas, para que optimicen los recursos y estén bien gestionadas, evitando el despilfarro de sueldos millonarios y los monopolios de los Eco-enves, Eco-vidrio… de turno.
Sigue la diabólica condena a la ciudadanía: El gobierno acuerda y tú lo pagas. Otro ejemplo que afecta a la factura de la electricidad que todas las viviendas y locales deben pagar. Toca analizar el llamado “bono social”. Una medida que aprueba el gobierno con la intención de ayudar a las personas en situación vulnerable que tienen dificultades para pagar su factura de la luz. Sin embargo, a pesar de que se presenta como una medida solidaria, la realidad es que son los consumidores quienes acaban pagando esta ayuda a través de su factura. En cualquier factura de electricidad aparecerá este concepto:
Varios ............................................................................................................... 1,42 €
Financiación Bono Social 22 días x 0,012742 Eur/día ..................................... 0,28 €
Financiación Bono Social 12 días x 0,019121 Eur/día ..................................... 0,23 €
El gobierno lo impone a las empresas eléctricas, que son a quienes deben afrontarlo, pero las empresas se lo imponen a sus clientes, ¡porque sí!, Al final son todos los clientes de las compañías eléctricas quienes pagan este “Bono Social” en forma de impuesto. Quien escucha al gobierno de turno cree entender que serán las compañías eléctricas las que “solidariamente” destinen parte de sus beneficios a este noble objetivo. Y lo “venden” publicitariamente como que este Bono Social es “una medida de gran importancia en el marco de la lucha contra la pobreza energética, que ofrece una ayuda significativa a quienes más lo necesitan”.
La vorágine recaudatoria no tiene límites: tributos, impuestos, tasas, directos, indirectos, diferidos como son los casos analizados. La cuestión es que el pueblo pague todo, sin poder decidir sobre nada.