Fiscalía inicia diligencias por el cribado del cáncer de mama
La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, situada en Granada, ha iniciado formalmente diligencias tras recibir varias denuncias relacionadas con presuntas deficiencias en el servicio sanitario que ofrece Andalucía en cuanto al cribado del cáncer de mama. Este procedimiento podría estar afectado por un "defectuoso funcionamiento" o una implementación inadecuada del proceso asistencial integrado para esta enfermedad.
El organismo fiscal ha enviado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía copia de las denuncias recibidas a fin de obtener un informe sobre los hechos denunciados. Además, requiere información sobre las "medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas" y sobre las estrategias para evitar que se repitan sucesos similares en el futuro, según señala un comunicado oficial de la Fiscalía.
Implicaciones legales y denuncias de partidos políticos
Entre las denuncias destacadas, figura la presentada por la Asociación Del Defensor del Paciente, respaldada también por testimonios individuales de afectadas, así como por los grupos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía. El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que investigase al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por lo que considera una "dejación de funciones". Sostiene que esta situación ha expuesto a las mujeres a un "grave riesgo" que podría resultar en el agravamiento del cáncer o incluso en la pérdida de sus pechos debido a la negligencia administrativa.
La denuncia subraya que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas sólo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública". La consejera de Salud ha instado a cualquier mujer afectada que se encuentre en esta situación a contactar con el SAS para acceder a un circuito preferente tras revisar su historial médico.
Impacto y reacciones de las asociaciones de pacientes
Izquierda Unida ha formalizado una denuncia contra los tres últimos titulares de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: Rocío Hernández, actual consejera; Catalina García, ahora al frente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Jesús Aguirre, presidente del Parlamento autonómico. En su denuncia, fechada el 6 de octubre, se apuntan presuntas conductas delictivas como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".
La denuncia advierte que un "fallo sistémico en la gestión sanitaria" habría causado la falta del seguimiento adecuado para los casos clasificados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado. Según la asociación Amama y otras organizaciones, la ausencia de un diagnóstico precoz ha provocado que el cáncer de mama evolucionase y, en algunos casos, derivara en fallecimientos que podrían haberse evitado con una detección temprana. Esta última mejora sustancialmente las tasas de supervivencia y permite tratamientos menos agresivos.
Se recalca que este programa depende directamente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, por lo que cualquier retraso u omisión en la revisión de los resultados conlleva una gestión pública negligente. La denuncia establece que si una muerte ocurre como consecuencia de estos fallos, se trataría de un "homicidio imprudente" conforme al artículo 142 del Código Penal, combinado con el artículo 11, al haber una acción por omisión ligada directamente al daño causado.
También se expone que el posible delito de "lesiones imprudentes en comisión por omisión" respondería a la exposición grave de las mujeres a riesgos para su salud, por retardar la detección de lesiones malignas que, si se hubiesen identificado a tiempo, podrían haber sido tratadas más eficazmente y con pronósticos más favorables.
Adelante Andalucía reclama que se investiguen estos hechos como conductas que pudieran constituir lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave, dejación de funciones del servicio público y, subsidiariamente, incumplimiento del deber de prestar servicios sanitarios, amparándose en los artículos 152, 142, 409 y 196 del Código Penal.
La denuncia de esta formación política se dirige contra la actual consejera Rocío Hernández, su predecesora Catalina García, la viceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del SAS, Valle García, solicitando que se determine su responsabilidad en el manejo defectuoso del programa de cribado.
