Ganaderos andaluces solicitan vacunas eficaces y diálogo por la vacunación obligatoria de lengua azul
El sector ganadero en España enfrenta un momento crítico debido a la propagación del virus de la lengua azul, una enfermedad que ha incrementado su impacto en diversas explotaciones. Ante esta situación, las principales organizaciones agrarias han respondido a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, respecto a la posible obligatoriedad de la vacunación del ganado.
Las entidades representativas del ámbito ganadero han manifestado sus preocupaciones y expectativas sobre las medidas que el gobierno planea implementar para controlar la enfermedad. A continuación, se detalla la posición de cada una de estas organizaciones y sus demandas específicas para abordar eficazmente la crisis sanitaria que afecta al sector.
- Reacciones de las organizaciones agrarias
- Postura de Asaja Sevilla
- Opinión de UPA Andalucía
- Posición de COAG Andalucía
Reacciones de las organizaciones agrarias
Las entidades representativas como COAG, UPA y Asaja Andalucía han evaluado cuidadosamente las declaraciones del ministro Luis Planas sobre la transición de la vacunación del ganado de opcional a obligatoria. Estas organizaciones subrayan la importancia de contar con vacunas efectivas y abogan por una estrategia coordinada y rigurosa para enfrentar la enfermedad, que según el propio Planas, está evolucionando de manera preocupante y afectando significativamente a múltiples explotaciones ganaderas en todo el país.
Además, señalan la necesidad de un diálogo constante entre las administraciones públicas y el sector para asegurar que las medidas adoptadas sean eficaces y beneficiosas para todos los involucrados, evitando así impactos negativos en la producción y comercialización del ganado.
Postura de Asaja Sevilla
Eduardo Martín, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Sevilla, ha expresado a Europa Press que su recomendación principal es la vacunación integral del sector ganadero como única estrategia para combatir la enfermedad. Martín destacó que la concienciación entre los ganaderos ha aumentado, reconociendo que el virus de la lengua azul ha sido una preocupación durante más de dos décadas.
Martín también comentó que, aunque la enfermedad no es nueva, la aparición de nuevos serotipos y la expansión del vector, el mosquito, a diversas zonas de la península, exacerban la situación. Subrayó la necesidad de que el ministerio invierta en el desarrollo de una vacuna polivalente que cubra todos los serotipos y que se realicen esfuerzos para obtener una cantidad suficiente que permita evaluar la conveniencia de hacer obligatoria la vacunación.
Opinión de UPA Andalucía
Paqui Iglesias, secretaria de Ganadería de UPA Andalucía, describió la situación actual como un "desorden total" y consideró que la iniciativa ministerial podría ser una solución ante el empeoramiento de la enfermedad. Iglesias criticó la voluntariedad en la vacunación, lo que ha llevado a que algunos laboratorios hayan dejado de producir vacunas para serotipos activos, como el 3 y el 8, que están causando graves perjuicios al sector ganadero.
Además, señaló que la falta de eficacia observada en la vacuna contra el serotipo 3 ha generado desconfianza entre los ganaderos, fomentando la aparición de grupos negacionistas. Por ello, abogó por la vacunación obligatoria como una medida necesaria para restaurar el orden en el sector y reducir la elevada mortalidad generada por la enfermedad.
Posición de COAG Andalucía
Antonio Rodríguez, responsable de Ganadería en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía, afirmó que la vacunación del ganado es indispensable. Rodríguez enfatizó que tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía deben asumir los costos de las vacunas para facilitar su adopción por parte de los ganaderos. Considera que, si la vacunación obligatoria es necesaria para controlar la enfermedad, debe acompañarse de un diálogo previo entre las administraciones y el sector para evaluar sus implicaciones.
Rodríguez también sugirió la realización de reuniones con las administraciones públicas para discutir los pros y contras de este proceso, y está abierto a la obligatoriedad siempre que las ventajas superen los inconvenientes y la Administración se haga cargo de los costes, adaptando así la estrategia en conjunto con la Consejería y el Ministerio.
