El Gobierno andaluz evita la confrontación con Amama y recuerda la obligación legal de colaborar
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha afirmado este viernes que no entrará en polémicas con la asociación Amama, que ha rechazado facilitar a la consejería información sobre mujeres afectadas por fallos en el cribado del cáncer de mama, alegando protección de datos. Sin embargo, ha recordado que la Ley de Salud Pública establece la obligación de comunicar a las autoridades sanitarias cualquier situación que pueda constituir una emergencia de salud pública.
En declaraciones a los medios en Córdoba, Sanz señaló que la referencia de Amama a un supuesto grupo de 4.000 mujeres no registradas por la administración representa, a su juicio, una emergencia sanitaria, aunque duda que otros coincidan en ello. Esta reacción surge tras conocerse que Amama respondió formalmente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que había solicitado esos datos para aclarar las discrepancias entre las 4.000 mujeres que afirma la asociación y las 2.317 registradas por la consejería.
El consejero subrayó la importancia de que, si Amama dispone de información sobre personas que no reciben atención en el sistema público, se facilite para poder ofrecerles asistencia. Sanz calificó como “difícil de entender” que la asociación asegure tener datos no accesibles para el SAS.
Fundamentos legales para solicitar los datos
Antonio Sanz aclaró que la información solicitada no es para uso administrativo, sino que está destinada a los profesionales sanitarios responsables de la atención de estas mujeres. Manifestó que preocupa la alarma social provocada por la afirmación de Amama sobre miles de mujeres posiblemente desatendidas, especialmente si esos datos no se comparten.
El consejero insistió en que negar los datos solicitados, que se requieren para garantizar la atención sanitaria, es contrario a la obligación legal de salud pública. Recordó que el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho de estas mujeres, si efectivamente existen y están registradas en la entidad.
Acerca del argumento de Amama basado en la protección de datos personales, Sanz explicó que la Junta ya dispone de los datos, pero busca conocer casos específicos de mujeres afectadas por el fallo en el cribado, según la información que alega tener la asociación.
Como fundamento de la solicitud, el consejero se apoyó en la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 18 establece el deber de colaboración ciudadana con la administración, lo que incluye facilitar datos identificativos de terceros en procedimientos administrativos. Además, citó el artículo 18 de la Ley de Salud Pública, que obliga a la población a utilizar correctamente la información sanitaria y a evitar conductas que puedan generar peligro para la salud pública.
Sanz destacó también la obligación de informar sobre cualquier situación que pueda constituir una emergencia sanitaria y de cooperar con las autoridades en la protección y promoción de la salud. Con estos argumentos, insistió en ofrecer una base legal para la petición sin fomentar controversias, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario y evitar alarmas sociales innecesarias.
Situación actual y posibles acciones legales
La Junta ha activado una comisión de seguimiento sobre los cribados de cáncer de mama y cuenta con datos de 2.317 mujeres afectadas. Se ha establecido el compromiso de que todas ellas sean sometidas a las pruebas correspondientes antes del 30 de noviembre.
El principal problema, según Sanz, radica en que Amama sostiene que son 4.000 los casos, sin detallar dónde se encuentran esas personas. El consejero reafirmó la disposición de la administración para atender a todas las mujeres que existan en esos registros, pero expresó dudas sobre la posibilidad de que la asociación posea datos que desconozca el sistema público.
En cuanto a la posibilidad de que la Junta emprenda acciones legales debido a la negativa de Amama a entregar la información requerida, Sanz se limitó a recordar al abogado de la asociación, firmante de la respuesta, el marco legal impuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Salud Pública.
