Adelante Izquierda Gaditana propone blindar la contratación municipal
La coalición de izquierdas eleva al Pleno un protocolo para vetar a empresas que vulneren derechos laborales o presenten vínculos familiares en las licitaciones
Adelante Izquierda Gaditana (AIG) elevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz una moción con el objetivo de que el Consistorio elabore y apruebe un protocolo de contratación pública que refuerce la transparencia, la eficacia en la gestión y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para la formación, la contratación pública constituye una de las herramientas más poderosas de la administración local para garantizar servicios de calidad y promover condiciones laborales dignas en una ciudad donde el Ayuntamiento actúa como un agente económico de primer orden.
Las incidencias detectadas en los últimos años en diversos procesos de contratación han puesto de manifiesto, a juicio de la coalición, la necesidad de reforzar los mecanismos de control. Ante esta situación, el concejal Carlos Paradas ha considerado "imprescindible" avanzar hacia un modelo más riguroso que priorice criterios éticos, sociales y laborales por encima de los puramente económicos. "La contratación pública no puede limitarse a ver quién ofrece el precio más bajo. El dinero público debe servir para garantizar servicios de calidad y también para asegurar que las empresas respetan escrupulosamente los derechos laborales", ha subrayado el edil.
La propuesta de AIG plantea medidas contundentes, como la prohibición de contratar con el Ayuntamiento a aquellas empresas que hayan sido objeto de una penalización laboral vinculada con el Consistorio en los diez años anteriores a la licitación. Asimismo, el protocolo busca la exclusión directa de empresas que participen en una misma licitación cuando exista vinculación familiar (mismos apellidos) o vínculos accionariales entre ellas. "No es aceptable que empresas que hayan vulnerado derechos laborales o que hayan incumplido sus obligaciones puedan volver a concurrir como si nada hubiera ocurrido", ha remarcado Paradas.
El documento también contempla un aumento de las penalizaciones por la retirada injustificada de ofertas, prohibiendo a dichas empresas concurrir a otras licitaciones municipales durante los tres años siguientes. Además, la moción insta a la Delegación Municipal de Contratación a reforzar la coordinación entre los contratos de obras y los de suministro de equipamientos para evitar dilaciones innecesarias en la apertura de dependencias municipales.
De salir adelante la iniciativa, el protocolo debería ser aprobado y ratificado por el Pleno en un plazo máximo de tres meses. "El objetivo es claro: blindar el interés general, proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras y recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal", ha concluido Carlos Paradas.
