Choque entre defensa y UCO: agentes insisten en señalar al fiscal general como filtrador

Las discrepancias entre la defensa del fiscal general Álvaro García Ortiz y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de los informes cruciales en la investigación quedaron patentes en la sesión celebrada este miércoles. Los policías reafirmaron su acusación contra el fiscal general como presunto responsable de la filtración, mientras que la abogada del Estado les reprochó basarse en “meras inferencias”.

Tres miembros de la UCO, incluido el teniente coronel Antonio Balas, líder de las pesquisas dentro del cuerpo, confirmaron las conclusiones de su informe que sostiene que García Ortiz desempeñó una "participación preeminente" en la difusión irregular de información.

El correo electrónico filtrado

La polémica gira en torno a un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, dirigido a la Fiscalía. En él, se proponía que González Amador reconociera dos delitos fiscales para pactar y evitar la prisión. Según la investigación judicial, la noche del 13 de marzo, García Ortiz habría filtrado ese mensaje a la Cadena SER.

Los agentes justificaron su deducción subrayando que "es la persona sobre la que tenemos más indicios" y destacaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) es un organismo jerárquico dominado en todos sus niveles por el fiscal general, lo que ratifica su conclusión de que la fuente de la filtración debe haber sido él.

Argumentos de la UCO y la defensa

La abogada del Estado, Consuelo Castro, replicó a estas afirmaciones señalando: "¿Entonces, como es el jefe tiene que ser el filtrador? Evidentemente no". Uno de los agentes respondió directamente a esta objeción durante la quinta sesión del juicio en el Tribunal Supremo (TS), en la que García Ortiz se enfrenta a hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros.

Los uniformados indicaron que su investigación se apoyó en una "coincidencia temporal", ya que, en su valoración, solo la Fiscalía General tenía acceso a la documentación comprometida para la filtración. Castro puntualizó que más de 500 personas dentro de la Fiscalía podían acceder a esa información desde comienzos de febrero, además del personal de distintos juzgados madrileños.

En este sentido, la UCO defendió que García Ortiz y el denominado "equipo de Fortuny" eran “actores cualificados” dentro del proceso y responsables potenciales por su acceso y posición.

Análisis de comunicaciones y acciones

Los agentes pusieron énfasis en una conversación mantenida por Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras conocerse la publicación en eldiario.es el 12 de marzo sobre una investigación contra González Amador. Rodríguez asumió que esa información había tenido "publicidad" proveniente de la Fiscalía General, lo cual fue considerado un precedente en cuanto a la filtración.

También destacaron las conversaciones de WhatsApp del fiscal general la noche del 13 de marzo, cuya información se obtuvo del teléfono móvil de Rodríguez. Según los agentes, esos mensajes ilustran un "modus operandi" consistente en recolectar información para luego filtrarla.

En relación con la difusión pública, aludieron a la nota de prensa difundida por Fiscalía el 14 de marzo a las 10:22 horas en la que se detallaba el intercambio de correos, percibida como otra evidencia del control ejercido por García Ortiz sobre toda la Fiscalía a diferentes niveles.

Reacciones en el ámbito político

La defensa respondió a los argumentos de la UCO destacando la jerarquía del cuerpo judicial, lo que llevó al fiscal a afirmar que "es una deducción suya" referida a la acusación. Sin embargo, los agentes insistieron en la solidez de sus conclusiones.

Durante el interrogatorio también se abordaron los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato la mañana del 14 de marzo. Sánchez Acera envió un pantallazo del correo electrónico para usar políticamente contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

La UCO apuntó que Sánchez Acera aparentaba dirigir el proceso, incluso controlando el momento en que la noticia se haría pública: “Antes de que tú salgas va a estar en los medios”. Por otra parte, resaltaron que Lobato, sin ser fiscal, identificó desde el principio que la publicación del correo antes de que apareciera en prensa podría constituir una irregularidad.

Los agentes disculparon la acción señalando que muchos fiscales probablemente habrían pasado por alto la irregularidad al difundir la nota de prensa con fragmentos textuales de correos y que la publicación en la Cadena SER a última hora de la noche del 13 de marzo sirvió para legitimar la nota del 14 de marzo, concluyendo que hubo "dos circuitos" con objetivos distintos en la filtración.

Borrado de evidencias técnicas

Por último, en relación a las pruebas técnicas, la UCO señaló que García Ortiz eliminó el contenido de su teléfono móvil el 16 de octubre de 2024, justo cuando el Tribunal Supremo lo declaró imputado, y que varió de dispositivo una semana después, el 23 de octubre.

Los agentes detallaron que el mensaje más antiguo detectado en el dispositivo correspondía al 16 de octubre, con un borrado previo compatible con la eliminación de datos. Asimismo, indicaron que tras cambiar de teléfono, el fiscal formateó el terminal antiguo, que no fue entregado para su análisis posterior.

La recuperación de mensajes fue impedida porque la cuenta de Gmail personal de García Ortiz, donde se generaban copias automáticas, había sido "eliminada recientemente", según confirmó el proveedor del servicio sin precisar fechas.

Además, un agente relató que, durante el registro en el despacho del fiscal, éste afirmó haber cambiado recientemente de móvil y haber destruido el anterior, aunque García Ortiz negó haber realizado esa declaración, y dicha afirmación no aparece reflejada en el acta.

Finalmente, los agentes precisaron que no es factible asegurar “técnicamente” que los mensajes intercambiados durante la semana clave del 8 al 14 de marzo fueran borrados con esa acción, pero reprocharon que se tomaron medidas para impedir comprobarlo.

En contraste, la defensa aportó un informe pericial que sostiene que no se puede determinar si el fiscal general borró mensajes relevantes ese día, una tesis que sus autores ratificaron ante el tribunal. Los agentes insistieron en que el conjunto de indicios apunta inequívocamente a la conclusión expuesta en su informe.