Seis integrantes del CESID, implicados en el intento de golpe de Estado

Lo intentaron encubrir, según se desprende de los documentos desclasificados por el Gobierno referentes a la intentona golpista
Escaños en el Congreso de los Diputados. | Europa Press.
Escaños en el Congreso de los Diputados. | Europa Press.

Atención a la última revelación sobre el 23F: recientes documentos secretos del Gobierno sacan a la luz que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), parte del antiguo CESID y antecesor del actual CNI, tuvieron una participación clave en el intento de golpe de Estado de 1981. Esta información, desclasificada por el Ministerio de Defensa, apunta a que varios agentes no solo estaban al tanto de los preparativos, sino que además movieron ficha para ocultar cualquier rastro de su implicación.

El informe elaborado por el Ministerio de Defensa describe con detalle cómo estos efectivos organizaron su apoyo a la asonada y después intentaron tapar su rastro, generando un auténtico terremoto en el entorno de la inteligencia española. El caso pone el foco sobre los mecanismos internos para proteger información sensible y arroja nuevas dudas sobre hasta dónde llegaba el conocimiento y la connivencia en los estamentos del poder en torno al 23F.

Los nombres clave tras el 23F

En el corazón de la trama aparecen nombres como el capitán Francisco García Almenta, el capitán Vicente Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Rafael Monge Segura y el cabo José Moya Gómez. Según los archivos, “conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran”, lo que reaviva la polémica sobre la escala de conocimiento previo al asalto al Congreso.

El comando contaba también con la figura influyente del comandante José Luis Cortina, líder de la élite del CESID, sobre el que los documentos indican que “no está comprobado” si conocía la trama de la asonada, aunque sí apuntan que “hay indicios de que así fuera”. No obstante, los informes insisten en que “no se conoce ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos”.

Cómo actuaron los agentes el día del golpe

El relato de las operaciones del 23 de febrero detalla cronológicamente el despliegue de los agentes citados. García Almenta proporcionó equipos de comunicación y transportes a Sales, Monge y Moya para que dieran apoyo a la columna que se dirigía directamente a las Cortes. Mientras tanto, Gómez Iglesias se mantuvo en constante enlace con García Almenta, y coordinó la marcha de Monge al Congreso.

Desde las proximidades del Parlamento, Sales Maroto y Moya Gómez tomaron el control de operaciones en los alrededores. Esta estrategia les permitía vigilar y asegurar la cobertura del movimiento golpista, mientras los principales actores del intento de asalto ejecutaban el plan en el interior del Hemiciclo.

Estrategias para borrar huellas y el impacto en la AOME

Los días posteriores al golpe no hicieron más que aumentar el desconcierto. Los archivos filtrados confirman que se ordenó en la AOME la activación de la llamada “Operación Míster”: una maniobra para manipular fechas y “justificar” los movimientos del personal durante el 23F. Esta estrategia se lanzó tras una reunión encabezada por Cortina, a la que convocó a García Almenta, Sales Maroto y Monge Segura.

En la investigación interna se destaparon contradicciones en las declaraciones de García Almenta, Gómez Iglesias, Monge Segura y Sales Maroto, lo que precipitó la salida de todos ellos de la unidad, según mandó la dirección del CESID. Como resultado, el ambiente en la AOME se volvió tenso y varios agentes solidarizados con los expulsados terminaron también fuera del organismo. Las sanciones se extendieron incluso después, afectando la estabilidad de la unidad.

El destino de los implicados tras el 23F

El desenlace para los protagonistas fue desigual y siguió trayectorias muy distintas. Tras el juicio por el 23F, Cortina abandonó el Ejército y se integró en sectores de consultoría, seguridad y armamento. Gómez Iglesias resultó procesado, pasó por un proceso condenatorio y finalmente fue indultado.

En cuanto a los demás, García Almenta quedó fuera de procesamiento y acabó destinado en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON); Monge pasó a formar parte del Servicio de Información de la Guardia Civil; Moya fue dado de baja en la Guardia Civil tras su expulsión del CESID; y Sales recaló en el DCI. Las consecuencias, derivadas de este episodio, marcaron una profunda huella en la historia reciente de la inteligencia española.