El Ayuntamiento da luz verde al convenio para el servicio de asistencia ante la okupación de viviendas
El Ayuntamiento de Huelva acaba de aprobar el convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva para la creación del servicio de asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles.
Fue uno de los asuntos de urgencia que se trató en la última Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado lunes 27 de octubre.
De este modo, se ha aprobado el convenio con el Colegio de Abogados de Huelva para la creación del servicio de asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles, aportando el Ayuntamiento de Huelva 4.000 euros por el ejercicio 2025, en concepto de subvención.
En caso de prórroga, el Ayuntamiento aportaría la cantidad de 12.000 euros anuales por cada ejercicio completo posterior.
También se ha adoptado el compromiso de consignar presupuestariamente la aportación del Ayuntamiento en aquellos ejercicios en los que se produzca la prórroga automática del convenio.
Con este movimiento, el equipo de Gobierno da cumplimiento a uno de los acuerdos de investidura acordados con Vox. Una medida que seguía pendiente y que motivó que el grupo municipal de Vox llevará al pleno de septiembre, celebrado el día 26 de dicho mes, una moción al respecto.
En la misma, se exponía que “desde Vox llevamos años denunciando y exigiendo al Gobierno Central que se tomen las medidas necesarias para poner coto a este problema de una forma definitiva en nuestro país. Mientras esto no ocurra y como Administración más cercana al ciudadano, consideramos que el Ayuntamiento debe dar también respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema que cada vez afecta a más de sus conciudadanos; por lo que es urgente que el Ayuntamiento de Huelva, aparte de otras medidas que también están a su alcance, ponga de una vez por todas en marcha ese servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que ya se comprometió con Vox en el acuerdo de investidura y en los distintos presupuestos que se han aprobado desde entonces y del que todavía no tenemos noticias”.
Sobre el servicio en sí, se indicaba que “permitiría a los afectados recibir orientación jurídica inmediata, activar canales de coordinación directa con la Policía Local y Nacional, y establecer sistemas de aviso temprano para impedir que las ocupaciones se consoliden”.
“Un recurso de estas características no solo ayudaría a proteger los derechos de los propietarios, sino que también reforzaría la seguridad y la confianza de los vecinos”, añadía Vox.
La moción salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y Vox, y con los votos en contra del PSOE y el Grupo Mixto.
Sin embargo, solo se aprobó el primer punto de la propuesta, ya que el equipo de Gobierno votó en contra de los otros dos puntos, en los que se pedía, de un lado, que figure como motivo de exclusión tanto en el registro de demandante de viviendas así como en las bases que se aprueben para la adjudicación de vivienda pública, el hecho de que el interesado se encuentre ocupando una vivienda o inmueble de manera conflictiva sin título suficiente para ello, y sin el consentimiento expreso del titular; y de otro lado, la creación de un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal.
En dicho pleno, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, indicaba al respecto que “en los dos años que llevamos en el equipo de Gobierno, lo que hemos hecho es actuar”. Y ponía de ejemplo para actuaciones: “Un desalojo en la calle Palacio 4 en colaboración con Policía Nacional; calle Celulosa 3; el problema que había en los tubos que estaban ocupados e impedían las obras del Plan Parcial del Ensanche Sur; calle Carreta 31 con varios ocupantes; el edificio de la calle Tharsis, en el que hago hincapié porque eran 16 familias las que estaban ocupándolo y se desalojó pacíficamente; y se ha solicitado recientemente el desalojo en Flechas Navales y el Tiro Pichón; calle Ayamonte 12; el edificio Villa Rosa en el Conquero; desalojo de dos viviendas en Marismas del Odiel; la identificación de las personas que están ocupando el edificio de Renfe, que sí es una obligación de la Policía Local identificar a esas personas para cualquier tipo de situación que se pueda dar; o los antiguos vestuarios del campo de fútbol de Marismas del Odiel”.
Sobre la medida de negar viviendas sociales, indicó que “si una familia con hijos está en un piso, les suben la renta y no pueden pagar, son ocupas. ¿Y se les va a negar una vivienda social?” Y en cuanto al censo de viviendas, replicó a Vox que “no es cuestión de un censo de viviendas. Es cuestión de trabajar de manera interdisciplinar”.
