El Defensor del Pueblo Andaluz investiga lafalta de alojamiento digno para temporeros
Cada invierno, miles de personas llegan a la provincia de Jaén con una misma expectativa: encontrar trabajo en la campaña de la aceituna. Vienen de otros puntos de Andalucía, de distintas regiones de España o de fuera del país. Algunos lo consiguen en pocos días. Otros esperan. Y mientras esperan, buscan un lugar donde dormir.
No siempre lo encuentran.
Esa realidad, conocida desde hace años en muchos municipios jiennenses, ha llevado ahora al Defensor del Pueblo Andaluz a iniciar una docena de actuaciones de oficio para analizar cómo se está atendiendo, desde el punto de vista social y residencial, a quienes se desplazan a la provincia durante la recolección.
La Institución ha pedido información a doce ayuntamientos donde la llegada de temporeros es especialmente visible: Jaén capital, Úbeda, Andújar, Baeza, Torredelcampo, Villanueva del Arzobispo, Torredonjimeno, Mancha Real, Villatorres, Martos, Alcalá la Real y Villacarrillo. Quiere saber cuántas personas llegan, cuántas se quedan sin techo, qué recursos existen y si son suficientes.
Porque detrás de las cifras hay situaciones que se repiten campaña tras campaña: trabajadores que llegan sin contrato previo, cuadrillas que ya están completas, albergues con plazas limitadas, estancias máximas de pocos días y, cuando todo falla, noches al raso, en coches, en naves abandonadas o en viviendas compartidas hasta el límite.
El Defensor no habla de un problema nuevo. Ya en 2001 dedicó un informe especial a la campaña de la aceituna en Jaén y desde entonces ha vuelto una y otra vez sobre la misma cuestión en sus informes al Parlamento andaluz. Durante la pandemia, incluso, se subrayó el papel clave de los albergues y de los servicios sociales para evitar que la búsqueda de trabajo acabara convirtiéndose en una experiencia de exclusión.
Sin embargo, en los últimos meses han vuelto a llegar avisos preocupantes: recursos que no alcanzan, albergues que abren tarde, dispositivos sociales desbordados en algunos momentos de la campaña. Y, además, un efecto colateral que inquieta a la Institución: el crecimiento de discursos que señalan a la población migrante cuando la precariedad se hace visible en las calles.
Por eso, el Defensor ha pedido a los municipios datos muy concretos. Quiere conocer cuántos temporeros se desplazan realmente, cuántos podrían estar durmiendo en la calle, qué plazas existen en los albergues, qué servicios se prestan, cuánto tiempo puede quedarse una persona y con qué presupuesto se cuenta. También pregunta por la coordinación con ONG y entidades sociales, y por si existen espacios estables de seguimiento de la campaña.
De cara a la próxima temporada, la de 2025/2026, la Institución solicita además saber qué medidas se están preparando, qué financiación habrá disponible y si los ayuntamientos consideran que podrán cubrir las necesidades reales.
El objetivo, explican desde el Defensor del Pueblo Andaluz, no es solo hacer un diagnóstico técnico. Es evitar que una actividad que sostiene buena parte de la economía provincial siga teniendo como reverso historias de personas que trabajan —o buscan trabajar— sin un lugar digno donde pasar la noche.
Cuando termine este proceso, las conclusiones se trasladarán a las administraciones competentes. La intención es clara: prevenir situaciones de exclusión, garantizar condiciones mínimas de dignidad y proteger también la convivencia en los municipios que cada invierno duplican su población con la llegada de los temporeros.
