La Justicia impulsa la confiscación de bienes de Cristina Fernández por la causa Vialidad
Establece un nuevo régimen de visitas, reducido, para la expresidenta, que cumple condena en arresto domiciliario
Un tribunal federal en Buenos Aires ordenó este martes confiscar un conjunto de bienes vinculados a la expresidenta argentina Cristina Fernández en el contexto del caso Vialidad. La medida incluye propiedades a su nombre, así como bienes trasferidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. También comprende inmuebles pertenecientes al empresario Lázaro Báez y su empresa.
El Tribunal Oral Federal número dos solicitó la incautación de activos valorados en aproximadamente 684.990 millones de pesos argentinos, equivalente a más de 422 millones de euros. Esta decisión se estableció a pesar de que la exmandataria cuestionó recientemente la orden, indicando que la mayoría de esas propiedades fueron adquiridas antes de que arrancara la investigación y los hechos denunciados.
Además de los bienes personales, la confiscación alcanzará inmuebles de varias empresas, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curto. Todas estas propiedades fueron adquiridas por los imputados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, según informó Todo Noticias.
Los magistrados justificaron la medida asegurando que forma parte de un "sistema penal argentino" orientado a impedir que el delito comprobado genere beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita. Señalaron, asimismo, que esta acción busca tener una "función reparadora del daño social causado".
En total, se espera que la familia de Cristina Fernández pierda alrededor de 20 propiedades, de las cuales solo una está registrada a nombre de la expresidenta; el resto figuran a nombre de sus hijos. Por su parte, Báez enfrentará la pérdida de más de 80 propiedades.
Restricciones en las visitas de la expresidenta
En paralelo, el mismo tribunal impuso nuevas limitaciones en las visitas a Cristina Fernández, quien cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario por otorgar millonarias adjudicaciones viales a un socio y supuesto testaferro durante su gobierno. La exmandataria ha denunciado persecución política y judicial.
Las nuevas directrices fijan un máximo de tres o cuatro visitantes simultáneos, con un límite de dos episodios semanales. Además, se solicitó una lista específica de personas con acceso autorizado sin control judicial, incluyendo familiares, custodios policiales, médicos que la atienden rutinariamente y abogados. Cualquier otro visitante deberá justificar su ingreso y esperar autorización judicial, menciona la información difundida por Todo Noticias.
