La minería se abre al diálogo con los ecologistas en contra
El sector empresarial minero, agrupado en torno a la fundación Minería y Vida, y la Consejería de Industria, Energía y Minas han querido abrir el diálogo sobre recursos, producción y retos estratégicos de la minería con los agentes sociales a través de un foro participativo, pero se han topado con las protestas del sector ecologista, especialmente beligerante con la incidencia de los vertidos al río Guadalquivir y la contaminación de metales derivada, especialmente, de dos explotaciones, Cobre las Cruces y Minera Los Frailes en Aznalcóllar.
El I Foro de Agentes Sociales Minería y Vida ha reunido en la Casa de las Ciencias de Sevilla a instituciones, empresas y agentes sociales en un intento por abrir el debate sobre la importancia del sector minero en todos sus aspectos, el económico en sí; el estratégico de cara a la obtención de minerales críticos; el social como vía de desarrollo de comarcas en las que no sólo se mira el empleo actual sino también el desarrollo de una industria complementaria a la extractiva que garantice un futuro; y, por supuesto, el ambiental, porque a su juicio, “la minería actual es del siglo XXI” y la sostenibilidad es clave en los proyectos.
Tras varias mesas redondas, conferencias y debates, la clausura ha corrido a cargo del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y del presidente de la fundación Minería y Vida, Javier Targhetta, que han puesto el foco en la importante de “fortalecer el diálogo entre administraciones, empresas y sociedad para avanzar hacia un modelo de minería responsable, competitivo y alineado con los retos económicos, sociales y ambientales actuales”.
De los datos al diálogo
Paradela, que ya está en funciones, se centró más en destacar la importancia de un sector que representa el 34% del valor de la producción minera nacional (el 90% de la minería metálica), que factura 1.200 millones de euros y que emplea de forma directa a 8.000 personas. Y en los minerales críticos, 22 de los 34 identificados por la UE están en Andalucía, destacando el cobre, el estroncio, el espato-flúor y feldespato, además de yeso o cantera, con la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización como principales retos.
Targhetta sí que defendió la minería actual como del siglo XXI, es decir, en constante evolución, en mejora continua hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica, un objetivo para el que han abierto un diálogo entre sector, sociedad, comunidad científica y organizaciones sociales y ambientales “con el objetivo común de construir confianza y avanzar juntos”. Su objetivo, el del foro y el de la fundación, “acercar la realidad de la minería a la ciudadanía, escuchar activamente sus inquietudes y demostrar que es una actividad moderna, transparente y esencial para el bienestar y el futuro de todos”.
Durante las diferentes intervenciones, nadie ocultó que la minería es un sector “controvertido” y que requiere no sólo que sea extractiva sino que también genere valor añadido e industria auxiliar, además de empleo de calidad y con formación cualificada al introducir nuevas tecnologías e infraestructuras punteras, especialmente con vistas al futuro, cuando finalice el proyecto minero.
Y todos fueron recibidos con críticas por los ecologistas a las puertas de la Casa de las Ciencias, aunque las consideraron “anacrónicas”. Para los diferentes representantes de las empresas, entre ellas las principales como Atalaya o Minera los Frailes, lo importante es conseguir la “licencia social”, es decir, generar el máximo consenso a la hora de llevar a cabo un proyecto minero y ser transparente, incluso aportando informes y estudios científicos que avalen y convenzan, “con ciencia pura y dura” y con “información veraz”.
La protesta ecologista
Frente a ellos, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos el Guadalquivir, que incluye a municipios ribereños de Sevilla y Cádiz, volvían a exigir una moratoria que paralice los proyectos mineros actuales y que se constituya un grupo “técnico-científico de expertos independientes” que de verdad evalúe los efectos de la minería, especialmente ante la afección al río Guadalquivir.
Las asociaciones han vuelto a recordar que existen informes científicos que corroboran que el río y el estuario del Guadalquivir ya está contaminado con metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina Cobre Las Cruces desde 2009 (detectados en albures y en galeras), lo que se multiplicará por diez si se suman la nueva planta de CLC y la reapertura de Aznalcóllar en Minera Los Frailes.
Según denuncian, Minera Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85.000 millones de litros de agua con metales pesados durante 18 años al río Guadalquivir, a lo que se sumarán los más de 32.000 millones de litros durante 14 años que verterá el nuevo proyecto de Cobre Las Cruces, multiplicando por diez la contaminación actual y afectando no sólo a la biodiversidad sino a otros sectores económicos que viven del río, como la agricultura y la pesca.
