La letra pequeña de los políticos
El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento “a todas las fuerzas parlamentarias” para reformar el artículo 49 de la Constitución con el objeto de suprimir el término ‘disminuido’ como reclaman las personas con discapacidad y me encuentro con un galimatías propio del uso y abuso que se hace hasta de la propia idiosincrasia de las personas. Sí, curiosamente, y menos mal que, aprovechando ¿la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Y no es la primera vez que me sorprende tanta paternidad por un político que hace de la Constitución algo parecido a las acciones de los llamados trileros. ¡Ay la Constitución! que, independientemente de lo que describe la palabra disminuir en el diccionario -o sea, reducir la cantidad, tamaño, intensidad o importancia de una cosa- se trata de una modificación que permitirá adaptar la terminología constitucional a los mejores estándares internacionales y blindar así los derechos de las personas con discapacidad…
Sí, sí, aplausos, ovación y vuelta al ruedo ante tanta parafernalia cuando lo que hace falta es, ante todo, saber a qué obedece esta sensibilidad-generosidad del primer mandatario del país cuando, por ejemplo, en materia de accesibilidad produce nauseas acceder, por ejemplo, a cualquier edificio administrativo, algo que suelen disculpar por aquello de que el edificio o servicio se hizo hace muchos años. Sí, y así me encuentro que ante nada menos que la cantidad de obstáculos que ofrecen los más cercanos, o sea, los ayuntamientos, muchos establecimientos comerciales han tenido que recurrir a una pequeña rampa de madera o metal para poner y quitar ante la presencia de una persona -disminuida o con discapacidad o con movilidad reducida- pueda acceder a la farmacia, a la tienda de al lado o a la propia vivienda si no se encuentra con varios escalones antes de llegar al ascensor, que eso es otro cantar del que hacen caso omiso precisamente en los distintos centros de salud.
Sí, lo que tienen que hacer desde La Moncloa -con cumplimiento estricto del político huido en el maletero de un coche (¿) y toda su corte celestial- es decretar vía BOE el cumplimiento estricto de cuanto se refiere a accesibilidad y ante obstáculos de distinta índole -caso de comunidades de propietarios y/o edificios oficiales y toda la amplia gama de establecimiento públicos- establecer compensaciones económicas o facilitar proyectos y presupuestos acordes con las necesidades de cada punto necesitado de cumplir todo lo relacionado con esa maldita accesibilidad que muchos o la mayoría no la entienden porque no sufren en sus carnes tantos problemas incluso para acceder -la mayor aberración conocida- a su propia vivienda. Sí, y aprovechar la ocasión para algo de agilidad por parte del actual Ayuntamiento de Huelva a la vista de esa avanzadilla de doña Pilar para implantar en Huelva un Plan de Accesibilidad Universal. ¡Aplausos, ovación y vuelta al ruedo!, mi respetada alcaldesa.
Sí, que se dejen de tanta parafernalia y, aparte modificar ese artículo 49 de la Constitución -¿tanta controversia suscita?- y, por poner un ejemplo, suprimir el IVA en la adquisición de toda clase de sillas de ruedas y que no graven con casi un 20% una scooter eléctrica que, concretamente la Junta de Andalucía había dejado exenta y años más tarde volver con el aberrante IVA como si de un alta gama se tratase. No, no exagero y creo que es el momento de ir poniendo las cosas en su sitio, don Juanma, y evitar que tilden de cachondeo que la Junta de Andalucía “ha estimado que el coste anual de la Oficina de los expresidentes -pero ¿qué es eso?- será de 223.843,78 euros”. Sí, como así se detalla ante un decreto para dotar a esa insólita oficina de medios materiales y humanos, y que plantea que -vaya aberración- “siempre que sea posible” se ubicará en las instalaciones del Parlamento andaluz”. De parvulario…
Sí, resulta más que aberrante que los expresidentes podrán solicitar un asesor de nivel 30, un automóvil y dos conductores además de un servicio de seguridad o escolta. Sí, y que sigamos pagando un 20% de IVA para adquirir una scooter eléctrica y no recurrir a un apoyo de un familiar o persona retribuida, o pagar una tasa por disponer de una reserva de estacionamiento exclusivo. ¡Ah! Y que los beneficiarios podrán disfrutar de esos privilegios hasta los 75 años. Sí, ¿y por qué a mi me jubilan a los 65 y encima no puedo beneficiarme de ningún otro ingreso? Sí, como tantos altos cargos con más de 65 años que siguen en activo, como sucede con el catalán tan comprometido con la paz universal en Bruselas. ¡Qué cosas tiene la democracia! Eso.